Las empresas que gestionan las autopistas de Acceso Norte y Oeste respondieron este jueves a la decisión del Gobierno de avanzar en la quita de la concesión. Reafirmaron la validez del contrato firmado en 2018 y anticiparon que judicializarán el proceso.
En dos cartas dirigidas a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) señalaron que “al día de la fecha, la Sociedad no ha sido notificada de ninguna acción judicial al respecto” a pesar de lo indicado en el decreto 633, publicado este jueves en el Boletín Oficial y por el que se declaró “lesivos al interés general” los contratos de concesión de ambos tramos.
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“El acuerdo integral es plenamente legítimo y fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, siendo el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por dieciséis (16) años. Dicho proceso comenzó en 2002, con un acuerdo parcial aprobado en 2006 y que se completó en 2018 con la firma del Acuerdo Integral, habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable”, completa el documento.
Y cierra: “La Sociedad realizará las presentaciones conducentes para el resguardo de sus derechos y mantendrá informado al mercado de cualquier nuevo hecho relevante sobre esta cuestión”.
Autopistas de Acceso Norte y Oeste: la trama detrás de la quita de la concesión
El Gobierno anunció este miércoles que iniciará acciones judiciales para quitar las concesiones a Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y al Grupo Concesionario del Oeste (GCO) tras una auditoría que se realizó sobre la prórroga del contrato que favoreció a esas firmas hasta 2030.
Ambos contratos vencían en 2020, pero durante la presidencia de Mauricio Macri se extendieron por decreto hasta 2030, dos años antes de que caducaran. En el Gobierno de Alberto Fernández creen que detrás de esta decisión se esconde una intención por beneficiar al Grupo Socma, propiedad de la familia del expresidente, que vendió sus acciones en Ausol a Natal Inversiones S.A un año antes.
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La denuncia la presentaron ante la Justicia penal los diputados del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, bajo la sospecha de que la firma Natal Inversiones -desconocida hasta entonces- fue una pantalla, pero los resultados de la investigación no concluyeron en el mismo sentido.
Según los resultados de la auditoría que mandó a hacer el Presidente, la extensión de las concesiones representó un impacto económico de US$ 2000 millones, debido a que el decreto de Cambiemos les reconoció también una deuda de US$750 millones.
