Contener la crisis social es una de las mayores preocupaciones del Gobierno en momentos en que la situación económica no logra estabilizarse. La disparada de precios de los últimos meses presiona sobre el ingreso de los sectores más desprotegidos, pero también de la clase media.
En este contexto, la ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunió con su par de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para avanzar sobre proyectos y medidas que logren desactivar la creciente conflictividad social que se apoderó de las calles.
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Una de las iniciativas que cobró fuerza en las últimas semanas es la del Salario Básico Universal (SBU), pero es resistida por el Palacio de Hacienda que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cumplir las metas acordadas. Entre ellas la de reducir el déficit fiscal primario al 2,5% anual para 2022.
Además, entre las muchas reuniones de esta semana, Batakis se hizo espacio para pasar a visitar a su exjefe, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, en medio del silencio en el círculo cercano a Cristina Kirchner tras conocerse los primeros lineamientos de su política económica.
Salario básico universal vs. déficit fiscal
La encargada de echar por tierra públicamente la posibilidad de avanzar con el proyecto de salario básico universal fue la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, que aseguró que “no está previsto en este momento, por las cuentas de la Argentina”.
La iniciativa es apalancada por el ala dura kirchnerista del oficialismo que comenzó a reclamar su implementación, además del pago de sumas fijas para el sector de los trabajadores.
“Tenemos que empezar a rediseñar esta política. Pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie”, dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto de Ensenada, el mismo día que Martín Guzmán renunció al Palacio de Hacienda.
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El diputado del Frente de Todos, Itai Hagman, presentó el proyecto en el Congreso a principios de mayo para que el Estado otorgue un ingreso equivalente a la Canasta Básica Alimentaria individual que, según el Indec, en mayo se ubicó en $14.400,84. El dato de junio se conocerá la semana próxima.
El objetivo de la propuesta es el de alcanzar a 7,5 millones de personas, y el debate que se abre es de dónde saldrán esos recursos. Según Hagman, se trataría de cerca de un punto del PBI anual y se podrían reorientar recursos del Estado para costear el gasto, entre ellos mencionó los subsidios.
“Es mucho más progresivo implementar un salario universal que, por ejemplo, mantener el esquema de subsidios al transporte y las tarifas como tenemos hoy”, dijo el dirigente de Patria Grande en declaraciones radiales.
También señaló que otra opción es pensar “cómo se recauda más haciendo más progresivo el sistema tributario”, para que el salario básico no signifique un aumento del déficit fiscal.
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El reclamo fue el primero que le hizo el dirigente social Juan Grabois, líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a Batakis, apenas asumió. “El equilibrio fiscal no me molesta, hay que ser estúpido para estar en desacuerdo con que es mucho mejor tener superávit fiscal que déficit, o equilibrio que déficit. Pero eso se puede alcanzar ajustándole a los de abajo o recaudando más sobre los de arriba”, consideró.
La conflictividad crece en las calles
Batakis y Zabaleta se reunieron con ese telón de fondo. La tensión con las organizaciones sociales, especialmente de las aliadas al Gobierno, se acrecienta y busca ganar la calle, como una olla a la que muchos le meten presión.
Grabois anunció para este miércoles la realización de asambleas en todo el país para “definir acciones, para que haya medidas sociales acordes a la grave situación que se vive”, dijo. Mientras que Unidad Piquetera marchará el jueves a Plaza de Mayo, en reclamo por un bono de emergencia de $20.000 para jubilados, precarizados y desocupados.
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Otro sector aliado del Gobierno resiste también la presión de las bases, que reclaman un paro general. Este martes, se reunió la mesa chica de la CGT. Si bien hasta ahora viene pudiendo contener la conflictividad, sabe que tiene un margen de maniobra acotado si la situación económica no mejora. Este jueves se reunirá la comisión directiva y definirá la convocatoria a una movilización contra los generadores de precios, pero también para llamar la atención del Gobierno.
En el cristinismo ven con buenos ojos el pago de una suma fija por decreto para todo el sector de los trabajadores, pero el albertismo prefiere que los aumentos salariales se sigan negociando en paritarias.
