El ministro de Economía, Martín Guzmán, exhortó este miércoles a diputados y senadores para que “acompañen” el proyecto de impuesto a la renta inesperada elevado este miércoles al Congreso, cuya aprobación sería “un estricto acto de justicia social”.
“Enviamos el proyecto de ley de renta inesperada al Congreso. Una iniciativa que busca reducir las injusticias distributivas que el impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios genera en nuestra sociedad”, sostuvo el funcionario.
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A través de su cuenta de Twitter, Guzmán puntualizó que la iniciativa grava con una alícuota de 15% a la renta inesperada y alcanzará a empresas con ganancias de más de $1000 millones, que hayan crecido en términos reales, y cuyos márgenes sean muy altos (10%) o hayan subido más de 20% en 2022.
“Mientras que pocos se benefician con ganancias extraordinarias que no han sido fruto de más inversión o producción, sino simplemente del alza de los precios internacionales, del otro lado la gran mayoría sufre los efectos de la guerra pagando más por lo que se consume día a día”, sumó.
“Trabajamos para una Argentina con un sector privado pujante, que produzca más y genere más empleo. Y el verdadero progreso se da cuando el crecimiento es compartido. Este proyecto contribuye a ello”, resaltó el jefe del Palacio de Hacienda.
Por ese motivo, enfatizó que “el acompañamiento del Congreso constituiría un estricto acto de justicia social”.
Cómo es el proyecto de renta inesperada
El Poder Ejecutivo estimó que el proyecto abarcaría a entre 350 y 360 grandes empresas que operan en el país.
Según los cálculos de Economía, en 2021 unas 600 empresas ganaron más de $ 1000 millones descontando gastos operativos y, en caso de mantenerse la misma situación en 2022, entre 350 y 360 compañías cumplirían los parámetros fijados para el pago de la renta inesperada.
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Guzmán aclaró el martes en el foro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que no se trata de un nuevo impuesto: “es una sobre alícuota de un año en un contexto de guerra en Ucrania que ha generado un gran problema distributivo en todo el mundo”.
Además, comentó que hay países “que ya lo adoptaron, para sectores específicos. Por eso, para nosotros es importante, porque el Estado tiene la responsabilidad de establecer reglas de juego para una sociedad que progrese”. Los empresarios de AEA rechazaron ese proyecto y señalaron que constituye “un retroceso”.
