El proyecto que presentaron los senadores oficialistas para crear un impuesto sobre los bienes no declarados en el exterior y, con lo recaudado, pagarle al FMI trajo una novedad en materia tarifaria. Uno de los artículos plantea la posibilidad de levantar el secreto fiscal que pesa sobre la información patrimonial reunida en la AFIP y compartirla con los organismos reguladores de los servicios públicos.
Así, el Ejecutivo podría avanzar más rápido en segmentación de las tarifas por ingresos. “El Gobierno planteó en el acuerdo con el FMI que iba a eliminar subsidios segmentando tarifas y que la quita de esos subsidios iba a ser para las personas de mayores ingresos. El problema es que el ENRE y Enargas no tienen información por ingreso de los usuarios. Esa información la tiene la AFIP y hoy está amparada por el secreto fiscal”, detalló Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores tributarios.
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Y agregó: “Hoy, el Gobierno tiene un gran problema para segmentar a la población según ingresos con el fin de sacarle los subsidios. Si este proyecto se convierte en Ley, la AFIP va a poder compartirle la información al ENRE y al Enargas. Con eso, van a poder hacer una segmentación y quitar los subsidios a los que más ingresos tienen”.
A su turno, Diego Fraga, socio de Expansión Holding, coincidió: “Se les estaría brindando (al ENRE y Enargas) información ahora protegida por el secreto fiscal para poder proceder a la segmentación de tarifas entre diversos usuarios, que sería el verdadero ajuste fiscal que se avizora”.
Y opinó: “Para ponerle un poco de épica al ajuste, se lo incorpora en este polémico proyecto con supuestos fines nobles, como el combate contra la evasión”.
Para Martín Litwak, abogado especializado en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión, la modificación “significa otro intolerable avance en contra del derecho a la privacidad de las personas”. Alertó que puede poner en riesgo el derecho que tiene la Argentina a recibir este tipo de información de otros países.
Qué dice el artículo de la polémica
El articulo 3° del proyecto de Ley presentado por los senadores oficialistas modifica el artículo 101 de la ley de Procedimiento fiscal N°11.683 que, precisamente, establece que las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la AFIP y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos.
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El proyecto de ley exceptúa de ese deber de sigilo a una serie de organismos y funcionarios públicos, a los que la AFIP puede compartir la información patrimonial y de ingresos. No obstante, obliga a esas reparticiones y personas “mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones”.
Entre los funcionarios y organismos que podrían recibir información hasta ahora amparada por el secreto fiscal, la propuesta del bloque oficialista agrega al “Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y para todos los entes u organismos oficiales que tengan injerencia en la autorización y determinación de precios regulados, siempre que las informaciones respectivas estén vinculadas con el análisis y estudio de las tarifas o precios”.
Sin reservas para la actividad financiera
Además de los datos patrimoniales, el proyecto prevé que los organismo que fijan las tarifas de servicio públicos puedan acceder a información bancaria y bursátil, siempre que estén “vinculadas con el análisis y estudio de las tarifas o precios”.
Para ello, el primer artículo del proyecto de ley propone modificar el artículo 39 de la ley de entidades financieras para incluir al Enre, al Enargas y cualquier otro organismo oficial que fije precios regulados entre las dependencias estatales con las que los bancos pueden compartir información sobre las operaciones financieras que se realizan, hasta ahora también amparadas por el secreto.
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El segundo artículo, por su parte, hace una modificación similar sobre la Ley 26.831, de Mercado de Capitales. De tal forma que la Comisión Nacional de Valores (CNV) pueda enviar la información que recaba en el ejercicio de sus funciones a entes reguladores las tarifas de servicios públicos.
