El presidente Alberto Fernández anunció el inicio de una guerra contra la inflación, tras conocerse que el alza de precios alcanzó el 4,7% de febrero. La idea es reeditar el acuerdo de precios y salarios, por eso esta semana comenzará la convocatoria de gremios y cámaras empresarias a una postergada mesa de negociación.
Este lunes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recibió a los que considera “formadores de precios”, entre ellos supermercadistas, representantes de la cadena de comercialización y la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal). Desde las 15, se espera una conferencia de prensa del ministro.
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Kulfas, tal como anticipó este domingo, les pedirá que retrotraigan los aumentos de los últimos días, que considera “injustificados”, pero también buscará negociar una canasta de precios regulados para los comercios de proximidad, incluidos los supermercados chinos.
Tanto en la oposición como en el oficialismo exponen al ministro de Economía, Martín Guzmán, que controlar la inflación debe ser hoy la prioridad, despejado el terreno para el avance del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cuáles son los planteos para la guerra contra la inflación
El sector más duro del Gobierno quiere acelerar la aplicación de la ley de Abastecimiento y sus sanciones, para contrarrestar la suba incesante de precios, que amenaza con complicar aún más el escenario económico de este año. Acuerdos de precios, controles y sanciones, es la fórmula que propicia.
Para Claudio Lozano -director del Banco Nación y uno de los referentes del ala dura del kirchnerismo- “hay inflación porque pocos actores de la producción utilizan los precios para capturar mayores proporciones de dinero”.
“Es la concentración económica en sectores estratégicos en el marco de una deficiente regulación pública (es decir, no solo estatal sino comunitaria) lo que genera que un grupo de empresas aproveche todo margen extra de emisión monetaria para convertirla en ganancia a través de la remarcación de precios. Los precios actúan de salvaguarda de la ganancia empresarial”, escribió en su último documento publicado este domingo.
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Sus recetas para enfrentar esta situación es una combinación de aumento de retenciones; control social comunitario del sistema de formación de precios, y una intervención de shock, que en una primera instancia apele a un congelamiento general de precios por un período acotado.
En cambio, el presidente Alberto Fernández apuesta a un método más moderado, de diálogo y negociación, que tampoco le ha dado resultados hasta el momento. Todavía no está claro quiénes serán los convocados, aunque en la CGT, la CTA y la UIA confirmaron que fueron avisados. Si participará la oposición es también una incógnita.
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En la vereda opuesta, en Juntos por el Cambio acusan al oficialismo de querer ajustar vía inflación, para no hacerlo ordenando variables como tarifas, subsidios y gasto público.
Acuerdo de precios y salarios
Si bien todavía está verde la convocatoria a una gran mesa de negociación, el ministro de Desarrollo Productivo dará el puntapié inicial con las reuniones por sectores. Iniciará con la cadena de comercialización.
También, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, avanza en el mismo sentido aunque con impronta más intervencionista. La semana pasada recibió a dirigentes de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) -representante de pequeñas y medianas empresas- y, más tarde, a pequeños y medianos productores de alimentos, representantes de economías regionales y de la agricultura familiar.
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La idea de reeditar el acuerdo de precios y salarios se conoció luego de que el presidente Alberto Fernández reuniera a sus ministros del gabinete económico para delinear el plan antiinflacionario, horas después de que el Congreso convirtiera en ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como primera medida, el Presidente anunció la creación de “un fondo de estabilización para evitar el traslado de la suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos”.
Como parte de ese plan, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció el incremento “temporal” de retenciones a la harina y el aceite de soja, del 31% al 33%. Justificó que “no afecta a los productores”, sino a “11 empresas, de las cuales ocho concentran el 95% de las exportaciones de estos subproductos”.
