Luego de las elecciones legislativas del próximo domingo, el Congreso retomará las discusiones con proyectos que el oficialismo busca tratar antes del recambio del 10 de diciembre y otras iniciativas que requerirán acuerdos más a largo plazo, como indicó el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.
Pasada la contienda electoral, y cuando se sepa cómo quedará el Parlamento desde diciembre, restarán apenas dos semanas de sesiones ordinarias, es decir el calendario habitual en la que debaten diputados y senadores en el recinto. Seguramente el Gobierno prorrogará ese período al menos por diciembre, aunque también puede optar por convocar a extraordinarias y definir el temario a tratar por los legisladores en ese lapso que el año pasado abarcó buena parte del verano.
Hay una iniciativa excluyente para el próximo mes y medio: el Presupuesto 2022, que entró al Congreso a mediados de septiembre, y que recibió críticas desde el propio seno de la alianza gobernante.
En paralelo, según vayan las negociaciones con el FMI, un aval parlamentario a un nuevo entendimiento y a limitar el endeudamiento externo a grandes obras forman parte de la hoja de ruta que idea el Frente de Todos a partir del lunes 15.
A continuación, TN elaboró un resumen de la decena de iniciativas que el oficialismo busca tratar en los próximos meses:
Presupuesto 2022
El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó a mediados de septiembre el proyecto de ley de Presupuesto para el año que viene. Lo hizo en medio de la fuerte crisis que atravesó el gobierno tras la derrota en las PASO 2021. El texto oficial prevé un dólar a $131,10 para fin de 2022; una inflación anual del 33% y un crecimiento de la economía del 4%.,
La iniciativa descuenta que habrá un acuerdo con el FMI, incluye una baja del déficit fiscal hasta el 3,3% y un recorte de subsidios energético sobre la base de la segmentación de tarifas.
El proyecto de Guzmán tuvo resistencias del kirchnerismo duro sobre todo por la cuestión de las tarifas. El tratamiento del proyecto se demoró. El ministro aun no fijó fecha para concurrir a la Cámara de Diputados para defender el proyecto. El año pasado, por ejemplo, ya había pasado por esa instancia a mediados de octubre.
Se estima que habrá cambios en la redacción, aunque no de qué magnitud serán. Si se sabe que el Presupuesto 2022 es una pieza central en las discusiones con el Fondo por la reprogramación de la deuda por US$44.000 millones.
“Hay un plan integral macroeconómico. Siempre los proyectos de ley de presupuesto constituyen el corazón de la programación macroeconómica. También se pensó en términos plurianuales, orientado con lo que llamo tranquilizar la economía. Alguien que quiera una indicación de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional podría mirar ahí”, sostuvo Guzmán en una entrevista publicada este fin de semana por el diario Perfil.
Acuerdo con el FMI
Según cómo avancen las conversaciones con el FMI, que parecen estancadas, el Gobierno comenzó a bosquejar lo que será el proyecto de ley para que el Congreso avale el nuevo programa que, insisten en el oficialismo, “debe permitir a la Argentina crecer”. La intención argentina es que el entendimiento se logre antes de fines de marzo y la aceptación parlamentaria apunta a garantizar el cumplimiento de lo pactado con Washington.
A la vez, el oficialismo quiere consensuar con la oposición un límite al endeudamiento de la Argentina en el mercado extranjero. Más de una vez, Massa y otros funcionarios plantearon la necesidad de que tomar deuda en el exterior sirva para las grandes obras de largo plazo que necesita el país y no para ser utilizada en especulación financiera.
Los proyectos sectoriales que debe tratar el Congreso
Más allá de la urgencia en contar con el Presupuesto para el año próximo antes del recambio legislativo, en los últimos meses el Poder Ejecutivo envió o trabajó en una serie de iniciativas más a largo plazo. Están centradas en los sectores productivos de mayor potencial y tienen a las inversiones, exportaciones y la generación de empleo como eje central.
Esos proyectos, elaborados con los propios sectores involucrados, pueden resumirse en:
1. Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas
Presentada apenas sufrida la derrota en las PASO por el presidente Alberto Fernández, Guzmán y el secretario de Energía, Darío Martínez, -casi en simultáneo a la ola de renuncias de funcionarios kirchneristas que derivaron en cambios de gabinete.
El proyecto apunta a incrementar la producción de petróleo y gas, a cambio de incentivos de impuestos federales, baja de retenciones para los excedentes y posibilidad de girar dividendos según el tamaño de la inversión.
2. Ley de fomento agroindustrial
Pocos días después se presentó otro proyecto de ley para fomentar las exportaciones agroindustriales. La iniciativa apunta a que las ventas al mundo desde ese sector suban por encima de los US$100.000 millones, desde los US$65.000 millones.
Contempla también una serie de incentivos fiscales e impositivos para las inversiones, el aumento de la producción, agregar valor y generar más empleo a la agroindustria.
3. Compre nacional
Se trata de ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 a nuevos sujetos. Para que el Estado, tanto nacional como provincial y municipal, realice compras a proveedores nacionales, desarrollarlos con foco en las pymes y la innovación, a la vez que busca generar unos 30.000 empleos directos. También se trabaja en habilitar a proveedores de la economía social para que tengan prioridad en las compras estatales.
4. Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz Autopartista
Apunta a potenciar nuevos proyectos de inversión en la industria automotriz con devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y derechos de exportación del 0% hasta diciembre de 2031.
La iniciativa crea el Régimen de Promoción de la Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor, el Programa de Fomento a Nuevas Inversiones y el Instituto de la Movilidad. La promoción alcanzará a los proyectos de inversión que incluyan plataformas exclusivas regionalmente y niveles mínimos de contenido nacional, por lo que abarcará los procesos de producción de automóviles, pick ups, vehículos comerciales, buses y camiones, así como motorizaciones y autopartes.
Planes sociales por empleo
Fue uno de los temas de la campaña, tanto oficialista como opositora, Transformar planes sociales en empleo registrado en el sector privado. El Gobierno firmó un decreto para normalizar la situación y definir los pasos de transición entre el esquema de asistencia estatal a capacitaciones y trabajo formal.
En el Congreso espera ser tratado un proyecto de Massa que apunta a crear “un puente al empleo”. Da la posibilidad que los beneficiarios de la asistencia estatal mantengan por 12 meses ese ingreso sumado al sueldo definido en el contrato laboral con la empresa contratante. A la vez dispone de una serie de rebajas en los aportes para promover la contratación de los beneficiarios de planes sociales.
Monotributo inclusivo y créditos para informales
El Gobierno se apresta a enviar al Congreso un proyecto que crea un régimen temporal a 4 años para el ingreso al Monotributo de trabajadores informales, calculados en unos 4,5 millones de personas. La iniciativa, como adelantó TN, busca facilitar el acceso de los trabajadores precarizados al registro laboral, sin los costos para el Régimen Simplificado para los Pequeños Contribuyentes.
El proyecto incluye la exención de todo pago del Monotributo durante los primeros 3 años, mantiene la gratuidad del componente impositivo para los contribuyentes de la categoría A, la más baja, así como el fin de la obligación a contratar una cobertura social.
También, una vez regularizados esos trabajadores, prevé mecanismos para el acceso al crédito productivo, mediante la creación de dos fideicomisos que permitan fondear préstamos a tasas subsidiadas para esos sectores.
