A dos semanas de las elecciones primarias (PASO), la Casa Rosada avanza en el análisis y en conversaciones con distintos actores económicos para poner en marcha, o al menos anunciar en las próximas semanas, una serie de incentivos para que actividades clave comiencen a contratar a beneficiarios de distintos planes sociales sin que éstos pierdan la asistencia estatal, al menos por un tiempo.
El puntapié inicial comenzará este miércoles con la entrada en vigencia del decreto que dictaminó que los beneficiarios de planes sociales podrán mantener ese ingreso por los próximos dos años y a la vez ser contratado para trabajos temporarios en las economías regionales. Esa compatibilidad fue anunciada a mediados de agosto en respuesta al reclamo de las cámaras sectoriales, que denunciaron varios casos en los que no se pudieron levantar -y por ende se perdieron- cosechas ante la falta de empleados.
El esquema de plan social compatible con el trabajo rural, cuyo universo de beneficiarios se calcula en 150.000 personas, puede visualizarse como una “prueba piloto” para la iniciativa más amplia. El próximo paso fue eje de la última reunión del gabinete económico, el miércoles pasado, y también formó parte de las presentaciones de distintos funcionarios del oficialismo ante los empresarios del Consejo de las Américas, el último jueves.
La idea que se estudia en el Gobierno es que buena parte de esos planes sean reemplazados -en el mediano plazo- por el empleo genuino que, sostienen, ya se está demandando en distintos rubros y lugares del país. Esos puestos laborales podrían darse a través de cooperativas, aunque la apuesta oficial es que sea el sector privado el que los sume a sus dotaciones.
En una especie de “puente” hacia esa reconversión, el Gobierno puso el foco en la industria textil, la construcción y algunas actividades relacionadas con la producción de alimentos como los sectores formales en los que se podría iniciar el camino en los próximos meses. En cada sector se evaluará las necesidades específicas y a la vez se establecerá cuánto tiempo se mantendrá el programa mixto, es decir que los planes sean compatibles con un trabajo formal.
“Los planes sociales y la conversión hacia el empleo son un objetivo fundamental”, dijo este fin de semana el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Explicó que con sus pares de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, acordaron “tener una estrategia conjunta para avanzar en esa dirección”.
En declaraciones radiales, Kulfas sostuvo que “hay un montón de oportunidades en lo que significan, por ejemplo las cooperativas de reciclaje que sumando tecnología y equipamiento podrían generar productos de mayor valor agregado, transformando residuos en insumos”.
Zabaleta, en tanto, apuntó días atrás que la intención oficial es que los beneficiarios de planes sociales que sean contratados mantengan por un tiempo el ingreso garantizado por el Estado, mientras el empleador se hace cargo de la diferencia hasta completar el salario básico de convenio de cada actividad. Por caso, el Potenciar Trabajo garantiza la mitad de un salario mínimo, vital y móvil (SMVyM) a cambio de una contraprestación laboral de cuatro horas diarias.
La iniciativa se da en medio de fricciones con las organizaciones sociales -que gestionan el 80% de los planes Potenciar Trabajo- que reclaman mayor asistencia para combatir el hambre, a la vez que pugnan por la puesta en marcha de un ingreso universal, el reemplazo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se pagó a 9 millones de personas en 2020, a fin que “no existan más indigentes en la Argentina”. Desde el Gobierno se remarcó que la discusión por una renta básica no está en agenda, aunque consideran que puede ser un debate a dar en la pospandemia.
