Un empleado administrativo de la Municipalidad de Quilmes ganaba hasta ayer un sueldo que supera por apenas $266 un salario mínimo, vital y móvil y por $5300 el costo de una canasta básica, es decir, de los bienes y servicios necesarios para no ser considerado pobre. Como ese caso, hay cientos de miles en todos los niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. Sucede que en el empleo público se da una paradoja: cada vez hay más asalariados, pero ganan peor.
En las escalas salariales del convenio firmado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y que está vigente mientras se renegocian las paritarias, este mes un empleado público administrativo de la última escala cobrará $25.700, bastante menos que un salario mínimo que, con la nueva actualización definida, será de $27.216 desde el 1° de julio. Un director cobrará cinco veces más, alrededor de $123.000 “en mano”, teniendo en cuenta los descuentos por jubilación, cobertura de salud y el pago del impuesto a las Ganancias.
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A fines de diciembre, había 3,2 millones de empleados públicos, un tercio del empleo registrado total. En el empleo privado se perdieron 202.100 puestos de trabajo en un año. En las casas particulares, 19.200. En el sector público, se generaron 19.300 puestos de trabajo. En otras palabras, fue el único sector de esos tres que creció en la pandemia.
Algo similar ocurre ya hace años. Según la consultora Invecq, desde enero de 2012 hasta enero de 2021, aumentaron un 28% los asalariados públicos, mientras cayeron un 4% los asalariados privados.
Los economistas aseguran que hace casi una década que prácticamente no hay creación de empresas ni de empleo en el sector privado. Se habla de “desempleo encubierto” en el otro caso: para evitar que la cantidad de gente sin trabajo se dispare, hay provincias que recurren a la creación de puestos de trabajo -muchas veces con salarios bajos-.
“El crecimiento exponencial que tuvo el empleo público en la mayoría de las provincias fue la contrapartida de que la economía no crece desde 2011: fue la única salida que los poderes ejecutivos vieron para evitar que la crisis sea mayor”, dice Guillermo Giussi, director ejecutivo de Aerarium.
La consultora evalúa cuáles son las provincias con mayor proporción de empleo público. El promedio es de 52 trabajadores en el sector público cada 1000 habitantes. En Tierra del Fuego hay 126; en La Rioja, 120; en Catamarca, 116 y en Neuquén, 105. En la otra punta, en Córdoba son 34; en Buenos Aires, 39 y en Santa Fe, 42.
Sin embargo, según un informe de Ieral, esa creación de empleo público no se tradujo en mayor gasto. “El gasto en personal en Nación y Provincias ha mostrado una tendencia creciente entre 2004 y 2015, cuando pasó de 6,7% a 11,8% del PIB, una suba de 5 puntos porcentuales en 11 años. Desde 2016 el peso del gasto en personal comienza a disminuir, para llegar a 9,9% del PIB en 2019, rebotando en 2020 hasta 10,6%, más por la fuerte caída del PIB que por la suba del gasto en personal”, detalla.
“Cuando el gasto en personal y el gasto en general han subido hasta niveles insostenibles, y aún con alta presión tributaria se tiene un elevado déficit fiscal, típicamente el ajuste viene por la licuación de salarios públicos que genera la inflación, que es originada, a su vez, en el alto déficit fiscal. Y el ajuste en los salarios reales castiga a todos los empleados públicos, a los nuevos y a los antiguos, a los que trabajan más y a los que trabajan menos”, explica Marcelo Capello, economista en Ieral y uno de los autores del informe.
En ese sentido, Giussi explica que “se siguió contratando a un ritmo menor y con salarios que no permiten progresar”, y asegura que eso dio como resultado un avance de los “working poor”, o trabajadores pobres: están empleados, pero sus salarios no alcanzan a cubrir la canasta básica.
Cantidad y calidad
El problema, de nuevo, no es solamente de cantidad, sino de calidad. “En general, la tasa de empleo está estancada en el sector privado, pero no así en el sector público. El grueso de estos trabajos se crearon en provincias y municipios, por lo que la calidad a nivel de los salarios está en una instancia poco clara”, indica Gonzalo Dieguez, director del programa de Gestión Pública de Cippec.
Eso por que la mayor calidad y cantidad de datos disponibles se encuentran respecto de la administración pública nacional. “Por tanto, una línea de base con datos estadísticos fehacientes y completos en términos de series histórico-temporales puede lograrse con mucha mayor precisión y detalle a nivel gobierno nacional en comparación con lo que sucede en provincias y municipios”, explica.
Además, apenas el 19% del empleo público es nacional, según Cippec. Un 57% se distribuye entre las provincias y lo que resta corresponde a los municipios. Dieguez señala que hay una razón detrás de esta distribución: “Los gobiernos provinciales y subnacionales son los principales efectores de las políticas públicas educativas, sanitarias y de seguridad, y por tal motivo esos médicos y médicas y personal de salud en general, docentes y no docentes y policías son trabajadores de los estados provinciales”.
El director del programa de Gestión Pública apunta que “menos del 10% del gasto público del gobierno nacional está destinado a pagar salarios, mientras que en las provincias, en promedio, hablamos de un 55%, y en el caso de los municipios el promedio se incrementa al 75% del gasto total destinado a pagar los salarios de su nómina de empleados/as”.
Esta dinámica, a su vez, tiene consecuencias sobre la economía provincial, pero también en la nacional, como en un círculo vicioso, porque se realizan cada vez más transferencias de recursos coparticipables para sostener las estructuras. Así lo explica Giussi: “Es una manta corta: para que no haya desempleo, se lleva gente al Estado, se aumenta el desequilibrio fiscal y hay consecuencias sobre las variables macroeconómicas, más que nada en la inflación”.
¿Hay solución para estas paradojas?
Cantidad creciente, calidad decreciente. La paradoja del empleo público no tiene fácil solución. La consultora FMyA estimó hace apenas algunas semanas, cruzando datos del crecimiento poblacional y del de la cantidad de trabajadores públicos, que hay un “exceso” de unos 600.000 puestos en las provincias. Para evitar que haya desempleo, haría falta que se creen 60.000 empresas para que contraten a esas personas, condición difícil en una economía estancada hace más de una década.
“Es como un perro que se muerde la cola, pero evidentemente solo con empleo público las provincias no van a crecer. Para lograr economías más prósperas se requiere más innovación, inversión, empleo productivo privado de calidad. Es más, el exceso de empleo público juega en contra de la expansión de la economía privada, porque los trabajadores prefieren los empleos en el sector público, por la mayor estabilidad”, concluye Capello.
