La Cámara de Senadores aprobó en el recinto el proyecto del oficialismo que insta al Ministerio de Economía a gastar los 4350 millones de dólares que entrarían al país del Fondo Monetario Internacional por Derechos Especiales de Giro en combatir la pobreza en lugar de usar ese dinero para pagar deuda. La iniciativa, que fue rechazada por Juntos por el Cambio, se debatió en medio de la tensión entre el kirchnerismo duro y Martín Guzmán, tras el intento del funcionario de echar al subsecretario de Energía Federico Basualdo.
El tratamiento del proyecto de declaración impulsado por el senador kirchnerista Oscar Parrilli se dio en la víspera de la reunión que el presidente Alberto Fernández tendrá en Roma con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el mismo día que esa reunión fue confirmada.
“Muchos medios de prensa y los senadores de la oposición dicen que esto es un ataque al ministro de Economía, es la interna, etcétera. No hay nada de eso. Es un pedido, una declaración”, sostuvo Parrilli en la sesión de este jueves.
“Cuando hacemos este reclamo, lo que estamos haciendo es precisamente apoyar y colaborar con nuestro gobierno y obviamente con el señor ministro de Economía, para lograr la mejor negociación posible con las actuales autoridades del Fondo Monetario”, agregó la mano derecha de Cristina Kirchner en el Senado.
Al finalizar su exposición, Parrilli dejó otro claro mensaje a Guzmán: “Una política económica que no considere el equilibrio social de un pueblo, que no tiendan a mejorar las condiciones de vida, no es una política ni sana, ni razonable ni sustentable en el tiempo”, advirtió.
Si bien la iniciativa no es vinculante respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo, constituye un mensaje para Guzmán -mencionado en la letra del proyecto- ante el futuro desembolso de unos US$ 4.350 millones por parte del FMI, en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG). Un aliado del oficialismo, el senador rionegrino Alberto Weretilneck, pidió votar una norma específica para que el destino del desembolso del FMI quede fijado por ley, lo cual sí limitaría al ministro Guzmán de forma vinculante. Parilli prometió analizar la propuesta.
El organismo multilateral de crédito realizará una emisión de DEG para aumentar su propio capital, lo que implica que todos los países miembro reciban fondos frescos, y los senadores del Frente de Todos pidieron que se destinen a atender problemas derivados de la pandemia y no al pago de deuda externa.
Desde la oposición, que votó en contra, señalaron que la iniciativa del kirchnerismo pretende condicionar al ministro de Economía en medio de la interna por el caso Basualdo. Los bloques opositores consideran que esta “imposición” podría entorpecer las negociaciones con el organismo internacional.
El jefe del bloque de JxC, Luis Niadenoff, recordó en la sesión que “son muy pocas las ocasiones en las que el Senado le dedica horas de debate a un proyecto de declaración”. “Si se trata de marcar la cancha, hay un rol de la oposición. Pero dentro del gobierno existe un nivel de diferencias que van más allá de los matices y las tienen que resolver. No fuimos nosotros los que dijimos en una carta que hay que hacer cambios porque hay funcionarios que no funcionan”, agregó en referencia a la carta que publicó Cristina Kirchner el año pasado. “El fuego amigo termina destruyendo a un gobierno”, advirtió.
La iniciativa fue tratada en medio de la visita oficial del presidente Alberto Fernández a Europa, un periplo del que también participa el ministro de Economía Martín Guzmán. Allí el funcionario busca negociar con el Club de París la postergación y un cambio en las condiciones de los pagos de deuda que vencen pronto por u$s 2400 millones.
Sin la asistencia de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Fernández, en la sesión el oficialismo validó esta tarde además los decretos de necesidad y urgencia 235, 241 y 287 sobre las medidas de prevención y restricciones tomadas por el Gobierno ante la segunda ola de Covid-19, entre ellas la suspensión de clases presenciales en el área de metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que fue frenada por la Corte Suprema en la Ciudad de Buenos Aires.
Duras críticas a la Corte Suprema
El Senado también aprobó esta jueves un proyecto de resolución de rechazo al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo contra los decretos presidenciales que establecieron las medidas sanitarias para el AMBA y exhortó al Congreso a tratar esos temas por ley. El senador oficialista Martín Doñate, presidente de la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, aprovechó para criticar a la Corte Suprema y aseguró que la detrás del fallo del máximo tribunal en contra de la suspensión de las clases hay un intento de “voltear al gobierno”.
“Detrás de estas decisiones hay algo mucho más profundo que es la idea de voltear al gobierno, de que se caiga el gobierno. De hacer fracasar la política sanitaria, porque si se cae la política sanitaria se cae el gobierno. Me resisto a que tres o cuatro jueces que nadie votó decidan sobre cuestiones de gobierno que no son judicializables”, dijo el senador del Frente de Todos y llamó a “repensar el diseño institucional de la democracia en Argentina”.
