La pelea por el famoso “punto de coparticipación” entre la Nación y la Ciudad llegó hoy a la Corte Suprema de Justicia. Representantes de ambas administraciones se vieron las caras en un encuentro en el que comenzó el diálogo por unos $65.000 millones que, según alega el gobierno porteño, se le recortarán este año por las decisiones que comenzaron a tomarse en septiembre del año pasado.
Primero fue un anuncio del Presidente, quien en septiembre de 2020 dijo que le quitaría un punto de la coparticipación a la Ciudad y se lo daría al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para lo que llamó “Fondo de Fortalecimiento Fiscal”, luego de una protesta de policías bonaerenses. Luego llegó la ley, sancionada a fines de diciembre pasado. La administración de Horacio Rodríguez Larreta quiso entonces dirimir la cuestión en la Corte Suprema de Justicia, encargada de las diferencias entre provincias y Nación.
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Hoy comenzó formalmente ese proceso, pero el conflicto está lejos de resolverse en los próximos días. Al encuentro se presentaron tanto representantes de la Procuraduría nacional como porteña, y se definió pasar a un cuarto intermedio el próximo 12 de mayo, en el que seguirán las conversaciones.
El martes por la tarde, una jugada del procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, caldeó los ánimos. Hizo un planteo porque considera que la Corte Suprema no es competente para intervenir en la causa. Fuentes del gobierno porteño explicaron que el planteo del “abogado del Gobierno” se originó en la explicación de la integrante Elena Highton de Nolasco, quien se expresó en disidencia al momento de definir si el tribunal supremo era competente o no en la pelea por las clases presenciales, y aseguró que la Ciudad “no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria” de la Corte. Horas después, el tribunal supremo rechazó ese pedido.
Representantes del Gobierno de la Ciudad esperaban la reunión con entusiasmo porque consideraban que constituye una buena señal: demuestra que la Corte está interesada en resolver el tema “y no lo tiene cajoneado”.
El conflicto por la coparticipación le significa a la Ciudad un recorte de $65.000 millones solamente este año, y se suman $15.500 millones que ya dejó de percibir en los meses del año pasado en los que ya regía la quita. El monto es un 11% del presupuesto porteño.
La administración de Rodríguez Larreta presentó a mediados de noviembre del año pasado un “presupuesto de contingencia” con fuerte reducción del gasto público, suspensión de obras y revisión de grandes contratos, y con nuevos impuestos para aumentar la recaudación.
Desde el 1° de enero de este año, los porteños pagan el Impuesto de Sellos para usar sus tarjetas de crédito, con una alícuota del 1,2% que se suma a sus resúmenes. Los bancos dejaron de estar eximidos de no tributar Ingresos Brutos a las Leliqs (Letras de Liquidez) y a las operaciones de pases, dos instrumentos que el Banco Central utiliza para controlar la inflación y hacer política monetaria.
Por este último punto, la autoridad dirigida por Miguel Pesce abrió otro conflicto en la Corte, porque considera que la decisión del Gobierno Nacional pone en juego su competencia para hacer política monetaria. El argumento que esgrime la Ciudad es que ya hay algunas provincias que cobran estos impuestos.
El conflicto, así, tuvo un capítulo más en medio de la pelea por las clases presenciales, en el que este martes hubo un fallo de la Justicia Federal que haría que los chicos y las chicas de la Ciudad vuelvan a tener clases virtuales.
