Esta semana se conoció el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de enero, que mostró una mejora de 1,9% en el mes pero una caída de 2% en relación al mismo mes del año previo. “Los servicios continúan mostrando más dificultades para recuperar que los productores de bienes”, señaló el economista Fernando Marull, socio de FM&A.
Con todo, el Indec destacó que el indicador solo se encuentra 1,3% debajo de los niveles previos a la llegada de la pandemia pero la recuperación es dispar. Según estimaciones de LCG, el rubro “Hoteles y Restaurantes” sigue 39% por debajo del nivel previo al aislamiento. A ellos se suman “Transporte y Comunicaciones”, “Servicios personales y comunitarios” y “Pesca”, que operan 15% debajo de aquel nivel. Por el lado contrario, las actividades financieras están casi 8% arriba de los valores previos. Por su parte, la construcción (medida por el índice sectorial) opera 28% por encima del trimestre anterior a la pandemia y la industria (según el IPI) tuvo una mejora de 6%.
Mientras la actividad se recupera lentamente, el resto de los indicadores económicos no muestran datos alentadores: la pobreza alcanzó al 42% de los argentinos, la inflación continúa en ascenso y el desempleo llegó al 11% y afecta especialmente a los jóvenes. Se estima que febrero, los datos de actividad moderarían las mejoras mensuales porque se irá diluyendo el efecto de las reaperturas de actividades.
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Según Marull, la información preeliminar del segundo mes del año mostró cierto enfriamiento en rubros industriales pero una buena performance en el comercio exterior y en la recaudación ligada a la actividad. En ese marco, el Gobierno se enfrenta a la segunda ola de Covid-19 y evalúa la necesidad y conveniencia de realizar nueva restricciones para frenar los contagios. El Ejecutivo porteño ya dejó trascender que no es partidario de reestablecer las restricciones mientras que en la Provincia de Buenos Aires advirtieron que podría volver la cuarentena estricta.
El impacto económico de las restricciones
Pese a las advertencias de las autoridades, los economistas descartan una vuelta a “Fase 1″ dado que la economía no podría resistir otro golpe similar al de 2020. No obstante, sí anticipan algunas limitaciones a la circulación y actividades concretas. Esos límites, aunque menores, tampoco serán gratis para la economía. “Si bien descartamos que el Gobierno vuelva a restringir las actividades del modo que lo hizo el año pasado, tanto por la extensión territorial como por lo prolongado en el tiempo, es esperable que las limitaciones que se impongan tengan efectos sobre el crecimiento”, expresaron en LCG.
Desde Consultatio, en tanto, consideraron que un retorno a “Fase 1” resulta prácticamente imposible porque el Gobierno no cuenta con el apoyo político necesario y porque la situación económica es mucho más delicada que hace un año. Con respecto al primer punto, indicaron: “Se refleja en diversos indicadores de apoyo al Gobierno que se encuentran en los niveles más bajos en todo el mandato de Fernández”.
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En cuanto a la segunda cuestión, aseguraron que la inyección de dinero, la inflación y la multiplicidad de tipos de cambio ponen un límite. “Está más que claro que la economía no tolera otro cierre total: después de haber monetizado casi 7 puntos del déficit fiscal en 2020, con una inflación mensual que casi se triplicó desde mayo 2020 y con una brecha que está artificialmente estabilizada en niveles de 60%-65%, un cierre de la economía podría resultar desestabilizante”, indicaron.
Aunque leves en comparación con la fase 1, las actuales restricciones sectoriales (sobre vuelos, por ejemplo) tienen impacto en la economía. “El impacto en la actividad podría no ser dramático, pero sí costar entre 0,5 y 1,5 puntos de crecimiento para este año. No todos los sectores económicos enfrentan el mismo riesgo respecto de medidas de aislamiento. En general, los servicios se encuentran mucho más expuestos que los sectores que producen bienes, por definición”, analizó Consultatio.
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En esa línea, indicó que el menor crecimiento generaría una disminución en los ingresos tributarios y, a la vez, podría aumentar el gasto social por encima de lo proyectado, debido a los eventuales programas de ayuda ante nuevos cierres. Así, el déficit primario llegaría a 4,1% y sería financiado en buena parte con más emisión monetaria que, a la vez, podría derivar en mayores presiones sobre la brecha cambiaria porque los pesos excedentes en la economía buscarán refugio en el dólar.
“Dentro del nuevo esquema de desdoblamiento de facto del Gobierno, la imposición de mayores restricciones a la circulación seguramente, al final del cambio, termine implicando una necesidad mayor de venta de reservas (entre US$500 millones y US$1500 millones) para controlar el tipo de cambio libre de cara a las elecciones, si es que no se postergan”, advirtió Consultatio.