El próximo miércoles 31 de marzo vencerá tanto el congelamiento de alquileres como la prohibición de desalojos. En ese marco, los inquilinos habían pedido al Gobierno que revea la decisión y sus consecuencias. Incluso, desde la Federación de Inquilinos/as Nacional e Inquilinos Agrupados convocaron para el lunes 29 a un ruidazo con concentraciones en algunas plazas del país en contra de lo que denuncian como un abuso en el mercado inmobiliario y pidiendo por la extensión del decreto que suspendía los desalojos y congelaba los contratos.
En ese marco, el Gobierno decidió que asistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo tras el vencimiento del decreto. El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó a la agencia Télam: “Esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.
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A través de la Resolución 88/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales. Al respecto, el secretario señaló que se trabajará en un protocolo que permita caracterizar el universo de desalojos posible y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales.
Para la elaboración del protocolo, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo. Se buscará que esas familias puedan acceder a los programas de vivienda que impulsa el Estado, como Procrear o Casa Propia.
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El decreto remarcó que se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros. ”Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas”, señaló Scatolini.
En ese sentido, el funcionario explicó que se hará un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, dando prioridad a las situaciones de mayor vulnerabilidad y agregó: “Vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.
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Finalmente, Scatolini reconoció que el protocolo para atender a los posibles desalojos se está trabajando sobre datos muy inciertos y aprovechó para criticar la política habitacional de la gestión previa: “Venimos de cuatro años de un Gobierno insensible que no sólo no generó nuevas viviendas, no construyó, ni financió, sino que cuando lo hizo fue a través del sistema de créditos en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) que sabemos los perjuicios que generó”, aseguró.
