El 31 de marzo vence el congelamiento de los precios de los alquileres y de la suspensión de desalojos, dos medidas que el Gobierno había tomado a la par del decreto de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, informó que ninguna de las dos será prorrogada nuevamente y se encendió la alarma entre las organizaciones de inquilinos. Advierten sobre las consecuencias que podría generar habilitar los desalojos ante la llegada de segunda ola de contagios y la crítica situación sanitaria de la región.
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“Estamos realmente preocupados por la situación de cientos de miles de familias que no saben dónde van a ir a vivir ni cómo en 15 días. No se pueden tomar decisiones tan irresponsables”, alertó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional e integrante de Inquilinos Agrupados.
En una carta que enviaron a Ferraresi una docena de organizaciones de inquilinos, preguntaron al ministro si al finalizar el decreto se tomó en conocimiento de la situación sanitaria y habitacional, y de sus posibles consecuencias y si tiene registro o información sobre la cantidad total de procesos de desalojo de vivienda en trámite y la cantidad de sentencias de desalojo de vivienda pasibles de ser ejecutadas a partir del 1º de abril. “En caso positivo, informe total de procesos en trámite y de sentencias dictadas ante la justicia nacional y provincial”, reclamaron a través de la misiva.
Estamos preocupados por la situación de cientos de miles de familias que no saben dónde van a ir a vivir. No se pueden tomar decisiones tan irresponsables
También enviaron una carta a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la que le preguntan si fue consultada sobre la terminación de la suspensión de los desalojos de vivienda y si evaluó el impacto que los desalojos de vivienda producirán en términos sanitarios y epidemiológicos.
“¿Evaluó el impacto que las nuevas situaciones de hacinamiento de vivienda por los desalojos a ejecutarse a partir del 1/4/21 producirán en términos sanitarios y epidemiológicos; emitió opinión/ recomendación sobre los desalojos de vivienda y/o hacinamientos en contexto de pandemia; tiene diseñado/planificado un plan de contención y mitigación específico para evitar/contrarrestar la propagación del Covid-19 a partir de desalojos masivos de vivienda?”, le preguntan las organizaciones a la ministra.
El pedido de las organizaciones
Muñoz aseguró que desde que Ferraresi declaró que no se extendía el decreto se ve cómo se llevan adelante desalojos violentos a familias que tienen deuda de alquiler por haber perdido el trabajo en plena pandemia.
“Hay que llevar adelante un plan de desendeudamiento antes de finalizar el decreto para que las familias inquilinas puedan saldar sus deudas y no quedar en la calle, y los propietarios que no cobran el alquiler, puedan hacerlo. Se tiene que extender y el ministro lo tiene que anunciar de manera urgente”, reclamó el titular de la Federación de Inquilinos Nacional.
Hay que llevar adelante un plan de desendeudamiento antes de finalizar el decreto para que las familias inquilinas puedan saldar sus deudas y no quedar en la calle
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat argumentó que no se renovará el decreto 66/2021, dado que en su lugar “se trabajará con las herramientas que generó la nueva ley de alquileres”.
Por eso, ante la proximidad del vencimiento, la agrupación opinó que no se entiende que en un panorama de llegada de segunda ola de contagios y con la “situación gravísima” que se vive en las región decidan levantar el decreto que suspende desalojos. “No se entiende y es irresponsable”, apuntó inquilinos agrupados en un comunicado difundido en redes sociales.
La carta a Ferraresi
El pedido de informes que enviaron las organizaciones al ministro Ferraresi lleva la firma de Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal CELS.
Pregunta sobre la cantidad de personas que dependen del alquiler para acceder a la vivienda en la Argentina; el registro o información sobre la cantidad total de procesos de desalojo de vivienda en trámite y la cantidad de sentencias de desalojo de vivienda pasibles de ser ejecutadas a partir del 1º de abril y un informe total de procesos en trámite y de sentencias dictadas ante la justicia nacional y provincial.
También un registro o información sobre la cantidad de personas con sentencias de desalojo dictadas en su contra; que identifique de ese total qué cantidad es población vulnerable, particularmente desempleados, madres solteras, adultos mayores y/o personas con capacidades especiales.
Además, entre otras dudas pregunta si solicitó opinión o recomendación al Ministerio de Salud sobre el impacto que los desalojos de vivienda podrían tener en términos sanitarios y epidemiológicos y en caso de ser positivo, cuál fue la respuesta recibida.
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La carta a Vizzotti
Además del pedido de informes que enviaron las organizaciones al ministro Ferraresi, le hicieron llegar unas consultas a Vizzotti, también en una carta que lleva la firma de Morales.
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Respecto de la terminación de la suspensión de los desalojos de vivienda, le hacen una serie de preguntas para tomar conocimiento sobre si fue consultada y qué medidas de contención y mitigación tiene planificadas para evitar o contrarrestar la propagación del Covid-19 que se pueda generar a partir de lo que consideran “desalojos masivos de vivienda”.
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