La Dirección Nacional de Defensa de la Competencia aplicó una multa inédita de $400.000 a la financiera Sistema Finaer por no publicar en su página web un ejemplo del contrato de garantía para alquiler de vivienda. La sanción fue tras la denuncia que habían realizado en septiembre Inquilinos Agrupados y la organización Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), pero también incluía una operatoria para saltear el congelamiento de alquileres dispuesto por el Gobierno, de la que el organismo no encontró pruebas.
Se trata de la primera sentencia por intermediación en el acceso a la vivienda en alquiler por parte de este organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Si bien fue festejada por los denunciantes, tuvo sabor a poco, ante la imposibilidad de corroborar el sistema que operaba para cobrar cargos extra a los inquilinos. Según dijeron, el mecanismo consistía en pagar a los propietarios la totalidad del alquiler y reclamar luego a los inquilinos la totalidad de la deuda más intereses punitorios y gastos en concepto de honorarios profesionales.
“Junto a UCU hemos denunciado a Finaer SA en Defensa del Consumidor. Motivó la denuncia: Infracción al derecho a la información de los inquilinos por no haber publicado en su web un modelo de su contrato”, escribió el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, en su cuenta de la red social Twitter.
Según explicó, la denuncia fue “por ocultar información a los inquilinos y las inquilinas”. “Defensa del Consumidor multó con $400.000 a la financiera. Es importante esta sanción porque es la primera vez que Defensa del Consumidor lleva adelante una sentencia por intermediación en el acceso a la vivienda en alquiler”, agregó.
Es importante esta sanción porque es la primera vez que Defensa del Consumidor sentencia por intermediación en el acceso a la vivienda en alquiler
Denuncia y motivos de la sanción
La financiera ofrece un servicio de garantías para los inquilinos que quieren alquilar un inmuebles con destino vivienda. Las asociaciones denunciantes advirtieron sobre “la práctica abusiva de esta empresa llevaría a cabo contra los inquilinos, en violación del Decreto 320/20″, que dispone entre otros puntos, “un tratamiento especial para las deudas que pudieren generarse desde la fecha de su entrada en vigencia y hasta el 30/09/20″. El texto forma parte de los considerandos de la resolución de Defensa de la Competencia.
De acurdo con ese decreto, las deudas generadas por falta de pago, en pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o en pagos parciales, deberán abonarse en, al menos, tres cuotas y como máximo seis mensuales, iguales y consecutivas, con vencimiento. Además, los intereses compensatorios no pueden exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días, del Banco Nación, pero no pueden aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad hasta la total cancelación.
Según la denuncia, Finaer “le pagaría a los propietarios la totalidad de los cánones locativos que los inquilinos no han abonado, subrogándose luego en los derechos de los propietarios a efectos de reclamarles a los inquilinos la totalidad de la deuda pagada con más intereses punitorios y gastos en concepto de ‘honorarios profesionales’”, lo que “coloca a los inquilinos en una situación de hipervulnerabilidad ya que se los sometería a un trato indigno o vejatorio”.
Ante esta denuncia, Defensa del Consumidor imputó a la empresa, pero tras la investigación la eximió de la responsabilidad. “No es posible adquirir certeza acerca de la existencia de los hechos constitutivos de la infracción imputada, por lo tanto, no habiendo prueba de la conducta achacada cabe eximir de responsabilidad en este punto a la empresa sumariada”, indicó.
La otra imputación correspondía a que “la firma no brindaría información cierta, clara y detallada respecto del servicio que efectivamente brinda y no habría publicado en su sitio web el ejemplar del modelo de contrato que las y los consumidores deben suscribir”, cuando “cumplir con la publicación del contrato que garantiza, ni más ni menos, el derecho a la información de las y los consumidores”.
Debido a que recién lo incluyó cuando ya estaba imputada, Defensa de la Competencia le impuso una multa por la suma de $400.000 “toda vez que no brindó información cierta, clara y detallada respecto al servicio que efectivamente brinda al omitir publicar en su sitio web un ejemplar del modelo de contrato de adhesión”.
La resolución
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