La Secretaría de Comercio Interior imputó a grandes empresas por “retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”. Y la reacción no hizo esperar: en TN, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de Productos Alimenticios (COPAL), dijo haber recibido la noticia con “frustración”.
“Muchas de esas empresas habían sido invitadas la semana anterior (a la reunión convocada por el Gobierno para lanzar un acuerdo de precios y salarios). Y ahora se les imputa generar desabastecimiento. Parecería que nos olvidamos que el propio Presidente dijo que éramos una industria esencial”, protestó el dirigente en diálogo con A dos voces.
“La industria alimenticia, que cubrió todo el año de abastecimiento, cubrió el plan Alimentar y cumplió con todos los protocolos, tiene los precios congelados desde marzo del año pasado, con un solo aumento del 4 al 10%”, reclamó Funes de Rioja. Y en el mismo sentido, continuó: “Todo esto contra un 36% de inflación y un 36% de devaluación del tipo de cambio oficial, contra el 35% de aumento de la logística, contra aumentos de materias primas que han ido del 40 al 90%, contra aumentos de salarios de entre un 32 al 38%”.
”La industria de la alimentación cumplió. Y ahora nos dicen que tenemos que producir a full, que hay que incrementar la producción ‘hasta el más alto grado de su capacidad instalada’. ¿Y esto de dónde sale? De la Ley de Abastecimiento, que es absolutamente inconstitucional”, agregó, visiblemente molesto.
A través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, las imputaciones recayeron sobre las compañías Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian.
La decisión se formalizó luego de verificar que esas empresas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, establecida por la resolución 100/2020, en el marco de la emergencia sanitaria establecida el 20 marzo de 2020.
En rigor, esa resolución -que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos- tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados.
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Durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo.
A partir de esta evidencia, se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021.
Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos, señaló Comercio Interior a través de un comunicado.
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Imputaciones por desabastecimiento: una por una, las empresas en la mira del Gobierno
Según NA, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos.
En la multinacional alimenticia Danone, por su parte, se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado.
En la compañía multinacional Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, se identificó una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes.
La panificadora y elaboradora de pastas Fargo también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades.
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En aceites, la empresa local Aceitera General Deheza (AGD) acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones.
De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites.
En Bunge, compañía global de agronegocios, también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas.
Por último, la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molino Cañuelas y el frigorífico Paladini no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo.
Según la información oficial, en los casos en que se verificó una reducción de la producción o en la distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles acrediten haber cumplido con la norma.
Además, se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización.
“¿Apropiarse de la producción y obligarme a producir? ¿Para quién? ¿Quién lo financia? ¿Quién me da los insumos y la materia prima? Me sorprende mucho, y me sorprende para mal. Porque las empresas que fueron a la reunión y quienes venimos sosteniendo el diálogo con el Gobierno lo hacemos con un criterio constructivo. Y todo frente a los problemas que hubo: cierre de fronteras, paro de aceiteros, paro de camioneros”, sentenció Funes de Rioja.
