El Gobierno avanzará la próxima semana en su intención de generar un acuerdo económico y social para armonizar los precios y los salarios con lo estipulado en el Presupuesto 2021. Lo hará con la convocatoria a tres sectores clave. El primero será la cadena de valor de los alimentos.
// Comercio Interior imputó a empresas líderes por generar desabastecimiento
Se trata del rubro que más preocupa al Gobierno, por su impacto en el bolsillo y en el humor social de cara al año electoral. y es uno de los que más aceleraron sus valores en los últimos meses. En enero la inflación alimentaria llegó a 4,8%, por encima del IPC nacional que estuvo en 4%. Además, el Indec difundió este miércoles que la canasta básica de alimentos que define la indigencia, escaló 4,6% el mes pasado.
La convocatoria, que se definió durante la reunión de gabinete económico que se desarrolló este miércoles en la Casa Rosada, se produce horas después que la Secretaría de Comercio Interior cargó contra 111 empresas líderes de consumo masivo de generar desabastecimiento por faltantes detectados en las góndolas entre noviembre y enero últimos.
La decisión de convocar en primer término “a toda la cadena del rubro alimentos” fue confirmada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a la salida del encuentro que presidió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el titular de Economía, Martín Guzmán.
Para ese encuentro inaugural se tomará “como punto de partida las mesas que ya están conformadas en el Ministerio de Agricultura, entre ellas las que vienen trabajando los casos del trigo y del maíz, y vamos a convocar a toda la cadena de productores de alimentos en Argentina”, destacó Kulfas.
Para la próxima semana, además, se convocará a la mesa de construcción, un sector que está en clara recuperación, muy dinámico, que transita el cuarto mes consecutivo de crecimiento del empleo. Para el Gobierno, en ese sector también “es necesario convocar a todos los eslabones de la cadena para generar un acuerdo de precios que vaya en línea con las pautas macroeconómicas”.
El tercer sector con el que se sentará el Gobierno en el inicio de las mesas sectoriales será el de electrónicos y electrodomésticos, que también “ha tenido un importante nivel de demanda, producto de la pandemia”, destacó Kulfas.
Firmas líderes en el ojo de la tormenta
Durante en el encuentro, el gabinete económico también analizó los detalles de la imputación que la Secretaría de Comercio Interior efectuó sobre 11 empresas por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.
“Nos llegó información sobre desabastecimientos puntuales en algunos productos. Esto desencadenó una investigación donde se detectó que, en algunos supermercados y bocas de expendio, estaban faltando productos específicos. Las inspecciones determinaron que, en estos casos, el supermercado no tenía el producto, por lo que el problema era del abastecimiento por parte del sector industrial”, puntualizó Kulfas.
Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios para asegurar el transporte y la distribución y así satisfacer la demanda establecida por la resolución 100/2020.
Kulfas aseguró que el objetivo es “garantizar que estén los productos necesarios” y recordó que durante la pandemia la Argentina no ha tenido desabastecimiento, más allá de casos puntuales. “Queremos seguir en esta línea y por eso se hace esta imputación, para que no vuelva a ocurrir en los próximos meses”, remarcó Kulfas
Esta medida intima a las empresas para que en el plazo perentorio de 5 días hábiles acredite, ante la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores dependiente de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, haber dado cumplimiento a la norma, requiriendo que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y asegurando el transporte y provisión de los productos.
Las empresas fueron notificadas por el sistema de Trámites a Distancia. Se trata de un proceso administrativo que puede derivar en sanciones que van desde los $500 a $10.000.000.
