Luego de que el Gobierno anunciara el viernes que a partir del 1º de enero de 2021 estará disponible una prestación básica desde 150 pesos por mes para los servicios de Internet, TV paga y telefonía fija y celular, los expertos advirtieron este sábado que el flamante beneficio podría ser solicitado por los 44 millones de argentinos.
Al mismo tiempo coincidieron con los empresarios del sector en el hecho de que será “imposible de implementar”.
Esto se debe a que los nuevos beneficios, que en principio incluyen entre otros a jubilados, desocupados, titulares de planes sociales y monotributistas, en realidad alcanzarán a muchas más personas. Y como es casi imposible realizar un control sobre quiénes podrían ser reales beneficiarios y quiénes no, casi todos los argentinos estarán en condiciones de pedirlos.
Marcelo Tulissi, presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (CACPy) aseguró que “fue una medida totalmente inconsulta con el sector, y esto va a acelerar un proceso de menor inversión en un sector clave para el presente y el futuro de la economía”.
Tulissi puso el ejemplo de un prestador de Internet que ahora brinda 12 megas a $1.000, pero que a partir del 1° de enero deberá ofrecerlo a $700 a un sector importante de su localidad. “No me compensa el 5% de aumento, con lo que tengo que dar con la PBU. Este año tuvimos que asumir toda la inflación, el aumento de costos y además la devaluación. Si a esto le agregamos la PBU, con este esquema no hay manera de seguir prestando servicios”, dijo el representante de los pequeños prestadores del interior del país.
Por su parte, los grandes prestadores de los servicios de Internet, TV paga y telefonía fija y celular también alertaron sobre las dificultades que genera la nueva reglamentación oficial.
En Telecom destacaron que el DNU “cambió drásticamente las reglas de juego del sector al encuadrarlo como servicio público ‘en competencia’, congelando sus precios, algo que no existe en ninguna parte del mundo. El gobierno ha buscado intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y la competencia. Ahora con su reglamentación está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles”.
“Nos ocupamos de la población más vulnerable desde el comienzo de la cuarentena”, aseguraron en Telecom (una empresa cuyo 40% es de CVH, una compañía de los accionistas de Grupo Clarín).
Y destacaron que los planes de “conectividad inclusiva” de Telecom ya alcanzan a 600.000 clientes y otros más de 700.000 mantienen sus servicios aún cuando tengan hasta siete facturas impagas. Es que la telefonía celular prepaga, que constituye el 60% de las líneas en servicio, y la telefonía fija tienen el mismo precio desde noviembre de 2019. Para el resto de los servicios el último aumento fue en marzo de este año, explicaron desde la compañía.
Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, aseguró que la empresa comprende “la difícil situación por la que estamos atravesando con la pandemia del Covid-19, lo que nos exige a todos un trabajo de mayor cooperación y diálogo, para encontrar soluciones equilibradas y de sustentabilidad para todos”.
Pero añadió que las “medidas de carácter estructurales como las anunciadas debieron haber sido el resultado de consensos, luego de un análisis profundo de sus alcances y de que efectivamente contribuirán al beneficio de todos”.
Desde Movistar señalaron que el aumento del 5% “resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria. Está desactualizado, y atenta de manera directa contra el desarrollo y la sustentabilidad del sector. No se comprende cuál es el racional técnico que toman las autoridades para fijar sólo un 5% de actualización de precios. La tecnología evoluciona a pasos acelerados y demanda permanentemente un despliegue de infraestructura que garantice conectividad de calidad en diferentes zonas del país. La actualización de precios propuesta por las autoridades va en contrasentido de cualquier atisbo de visión de crecimiento y desarrollo”.
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Críticas de la oposición
La exdiputada radical Silvana Giudici también se mostró en desacuerdo con la medida oficial de implementar una prestación básica de Internet, TV paga y telefonía a partir de 2021.
“Yo presidí el Enacom y el organismo de telecomunicaciones de la OEA, y participé en la OCDE y la ITU (la Unión Internacional de Telecomunicaciones). En todos estos organismos se habla de que las normas se construyen con diálogo y mesas de consenso con la industria, pero nada de eso ocurre en Argentina. Alberto Fernández rompe con todo lo firmado en materia de libre competencia desde el 2000. Fijaron reglas que ellos mismos incumplen”.
Giudici agregó que el universo de posibles beneficiarios es inabarcable, y que si siguen los parámetros de pobreza de la UCA habría una base de 18 millones de personas que estarían en condiciones de acceder a los servicios con el control de precios estatal.
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“Además, los reglamentos están hechos sobre la base de normas que vienen de la privatización de la telefonía y de la licitación del espectro móvil que se hizo en 2014. Si el Enacom en un mes no responde si a un cliente le corresponde el beneficio o no, el servicio básico puede quedar asignado también a gente con poder adquisitivo. O sea, 44 millones de argentinos están en condiciones de pedir el servicio y se los tendrían que dar hasta comprobar su condición fiscal o social según el listado de beneficiarios aprobado”, concluyó la exdiputada.
