El control de precios y la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) anunciada el viernes por el Gobierno para los servicios de Internet, tv paga y telefonía celular se constituyen en un nuevo combo que afecta a una actividad clave para el desarrollo, donde se prevén menores ingresos y una consecuente caída en las inversiones.
// El Gobierno anunció la prestación básica para Internet, TV paga y telefonía desde 150 pesos por mes
Por un lado, el Ejecutivo nacional dispuso que los prestadores de esos servicios esenciales -como estableció por decreto, refrendado por el Congreso- a las telecomunicaciones puedan implementar incrementos de entre 8% para los pequeños operadores y del 5% para los grandes.
La actualización quedó muy lejos de los cálculos del sector: desde agosto, indicaban un atraso del orden del 20% en los abonos. El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir a partir del 1 de enero.
Desde ese mismo día, además, regirá la Prestación Básica Universal Obligatoria, por el cual unos 10 millones de habitantes de sectores vulnerables podrán acceder a planes que comenzarán con precios de $150 mensuales para la telefonía celular y $700 para Internet, así como descuentos del 20 al 30% en TV paga.
La medida, coinciden distintos analistas, se constituye en un nuevo golpe a un sector que ya había advertido que el congelamiento y las regulaciones como servicio esencial terminarían afectando las inversiones en un sector con alta tecnología y con una demanda que crece día tras día.
Para especialistas del sector, estas medidas derivarán en un empeoramiento de la infraestructura de las telecomunicaciones, con jugadores que no pueden invertir con el ritmo que requiere el crecimiento de la utilización de internet, por caso.
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La nueva regulación, aseguran, pone en riesgo la calidad de los servicios, así como la continuidad de al menos 1000 empresas en todo el país. A la vez sostienen que la PBU podría ser solicitada por cualquier ciudadano y exceder los 10 millones de beneficiarios que anunció el Gobierno. Así lo explica Silvana Giudici, ex diputada nacional y directora del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por la oposición.
Cuestionamientos y alerta
Desde el Enacom, su vicepresidente Gustavo López aseguró que la PBU universaliza el acceso a los servicios que la pandemia por coronavirus demostró son esenciales. Y planteó que a partir de las tarifas mínimas determinadas de manera oficial, las empresas tendrán más competencia y podrán ofrecer mejores planes incluso.
En el sector privado, la lectura es otra. Sostienen que la medida es casi inaplicable y pone en riesgo las inversiones necesarias para que el sector responda en tiempo y forma a la alta demanda de esos servicios.
Dirigentes de las cámaras empresarias de prestadores de internet y cableoperadores pymes coincidieron en el control de precios y la PBU no tiene en cuenta la situación ni la estructura de costos de los diferentes tipos de prestadores del país.
“Esto obliga a los ISPs a vender a pérdida. Entendemos perfectamente la necesidad de que la gente pueda acceder a la conectividad, pero no puede ser a costa de la subsistencia de las pequeñas empresas y emprendedores. Con la inflación acumulada durante el año y una devaluación de más del 30% en el valor del dólar oficial, estos aumentos no son suficientes para sostener los costos”, le dijo al diario Clarín Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase).
Para Marcelo Tulissi, presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (CACPy), la medida repercutirá en “acelerar un proceso de menor inversión en un sector clave para el presente y el futuro de la economía”.
Los grandes prestadores también alertaron sobre las dificultades que genera la nueva reglamentación oficial. En Telecom destacaron que el DNU “cambió drásticamente las reglas de juego del sector al encuadrarlo como servicio público ‘en competencia’, congelando sus precios, lo que no existe en ninguna parte del mundo. El gobierno ha buscado intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y la competencia. Ahora con su reglamentación está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles”.
Similar visión comparten desde operadores como Claro y Movistar, desde donde reclamaron un trabajo de cooperación y diálogo, con una análisis pormenorizado de los costos, coberturas y plan de inversiones, a fin de encontrar soluciones satisfactorias para todos los involucrados.
