El aporte solidario a las grandes fortunas suma cada vez más rechazos por parte de entidades empresarias y nuevos pedidos para que la Cámara de Senadores incorpore modificaciones, ante la casi total certeza de que se apruebe la ley. A los pedidos la Unión Industrial Argentina (UIA), se alineó este jueves la Cámara de Comercio (CAC).
Uno de los principales ejes de las solicitudes se centra en el mínimo no imponible a partir del cual se pagaría el aporte extraordinario, entendiendo que si se mantiene en $200 millones van a ser más de 10.000 las personas alcanzadas.
Pero las críticas apuntan también a la presión impositiva y al alcance sobre los bienes productivos, que desde el Gobierno insisten en que no se verán afectados.
El proyecto ya obtuvo la media sanación en la Cámara baja y el oficialismo confía en avanzar rápidamente en el Senado, en donde contaría con los votos necesarios para convertirlo en ley. Por eso se multiplican los pedidos empresarios para que, ante la imposibilidad de evitarlo, se incorporen modificaciones, entre ellas:
- Incrementar la suma exenta –originalmente fijada en $200 millones– a un monto de entre $280 y $300 millones, considerando la inflación y la variación del tipo de cambio de los últimos meses. “Caso contrario, el aporte alcanzaría a muchos más contribuyentes de lo originalmente previsto”, advirtió la CAC.
- Transformar el mínimo exento en un mínimo no imponible, lo que la entidad considera “una importante mejora en materia de equidad”.
- Eliminar las normas propias sobre residencia que pretenden alcanzar a sujetos que residen en otros países y que generarían un alto grado de conflictividad y judicialización de esos conflictos.
- Suprimir el tratamiento diferencial entre activos en el país y en el exterior y eliminar la repatriación de fondos vinculada con ese tratamiento.
- Reducir las alícuotas aplicables.
- Gravar con una alícuota reducida (no mayor al 0,5%) las participaciones societarias y empresarias disponiendo el pago por las sociedades como responsables sustitutas, como es actualmente en el impuesto sobre los Bienes Personales.
- Eximir los títulos públicos nacionales, provinciales y municipales y la casa habitación hasta cierto límite.
- Disponer un plan de pago en cuotas no menor a 12 mensualidades.
Para la CAC esta “carga sobre las personas humanas con grandes patrimonios incrementaría una presión impositiva ya de por sí muy elevada” y por eso advirtió que “debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente”. Puso como ejemplo el Impuesto sobre los Bienes Personales.
“La expansión de la actividad y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen, con el riesgo adicional de generar un éxodo a jurisdicciones con un tratamiento más favorable”, alertó.
Argumentos a favor
Pese a las críticas empresarias, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, defendió el aporte que se debate en el Congreso y garantizó que “nadie va a tener que vender sus máquinas” para pagarlo porque “no afecta la producción”.
“Recae sobre la riqueza de los individuos que está financiarizada”, aseguró la funcionaria en diálogo con Radio con vos y detalló que “tampoco será necesario que vendan los campos”.
“Observamos que aquellas personas humanas que declaran inmuebles rurales y deberán pagar el aporte, sus campos representan en promedio el 2,7% de su patrimonio. Los datos muestran que esos individuos tienen disponibilidades líquidas que son 25 veces superiores al impuesto que deben pagar”, precisó la titular de la AFIP.
Además, Marcó del Pont apuntó contra las decisiones del Gobierno de Mauricio Macri sobre la reducción de algunos impuestos, como las retenciones a las exportaciones. “La rebaja de los impuestos más progresivos que implementó el gobierno anterior no redundó en más inversión y empleo. Sino en más timba financiera”, afirmó al respecto.
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Y aseveró que “no hay evidencia en ningún lado del mundo de que eso funcione”. “La riqueza no nace de un repollo, nace de las y los trabajadores, nace del Estado que genera las condiciones de mercado, garantiza el mercado interno, la sostenibilidad y la rentabilidad para alentar la inversión”, completó.
