La Cámara de Senadores convirtió en ley -por unanimidad- un nuevo régimen jurídico para la prevención y el control del doping en el deporte en nuestro país.
La ley (enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso) establece que las federaciones deportivas nacionales deben aceptar estas normas antidoping e incorporarlas directamente -o por referencia- en sus estatutos y reglamentos, como parte de las normas deportivas.
La aplicación de este régimen a los participantes se basa en las obligaciones derivadas de la afiliación o vínculo asociativo que existe entre las federaciones deportivas nacionales y sus miembros, a través del acuerdo de esos individuos de participar en el deporte de acuerdo a sus normas.
Como condición para recibir apoyo financiero o de otra naturaleza por parte del Estado, las federaciones deportivas deben aceptar estar ajustadas al espíritu y términos de los programas nacionales antidoping y de este régimen, incluyendo el cumplimiento de las sanciones que apliquen a individuos el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y el Tribunal Arbitral Antidopaje.
Los atletas, además, deben consentir estar sujetos a las decisiones tomadas conforme a estas normas y, en particular, a las decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y del Tribunal Arbitral Antidopaje.
