La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación del llamado FIFAGate por presuntos sobornos pagados a entidades como la FIFA y CONMEBOL en tiempos de Fútbol para Todos. En el expediente está imputado el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete.
La investigación local es por el supuesto pago de unos 33 millones de dólares -por dos años- por parte de empresarios para obtener derechos de televisación de distintos torneos para después venderle publicidad al Estado Nacional. Abarcaba a varios torneos, entre ellos la Copa América 2015.
La decisión judicial llega luego de que el juez federal Daniel Rafecas la archivara en primera instancia pese al pedido del fiscal Gerardo Pollicita de investigar.
El testimonio de Alejandro Burzaco en Estados Unidos
La Justicia pudo clarificar varios de los negociados a partir del testimonio que en noviembre de 2017 brindó el ex CEO de la empresa Torneos, Alejandro Burzaco, ante un tribunal de los Estados Unidos en calidad de testigo protegido. Así es que complicó la situación judicial del exjefe de Gabinete, hoy ministro de Seguridad, a partir de lo cual el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina , Gabriel Mariotto y Pablo Paladino por defraudación al Estado a raíz de la contratación de los derechos de televisión para transmitir los partidos de la Selección argentina.
Pollicita pidió entonces que se aplicara la inhibición general de bienes y se prohibiera la salida del país de los 19 imputados en la causa. Entre sus argumentos principales, el fiscal federal expresó que los funcionarios violaron la ley, ya que las contrataciones ejecutadas por el Estado fueron “arbitrarias” y “excedieron” los objetivos del programa Fútbol para Todos.
En su presentación, Pollicita sostuvo que el Estado pagó sobreprecios por los derechos de televisión para transmitir partidos de la Albiceleste. Las participaciones internacionales más costosas para el gobierno fueron el Mundial de Brasil, en 2014, por US$ 18 millones, y la Copa América de 2015, por otros US$ 8 millones.
Por esa causa, los imputados habían sido sobreseídos en noviembre de 2019, pero ahora, a partir de la resolución que firmaron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el caso volverá a investigarse con un pedido específico: que envíen al a justicia federal la confesión de Alejandro Burzaco “para que se determine quién pagó y quién cobró las coimas”, según indicaron fuentes judiciales al diario Clarín.
Los contratos que la Justicia tiene bajo la mira por pagos de sobornos
- U$S 3.200.000 por la Copa América 2011
- U$S 8.600.000 por la Copa América 2015 y el Sudamericano Sub 20 2013
- U$S 19.000.000 por el Mundial de Brasil 2014 y Mundial Sub 20 2013
- U$S 5.500.000 por la Supercopa de las Américas Argentina-Brasil 2010-11
- U$S 1.800.000 por otros cuatro partidos de la Supercopa de las Américas.
FifaGate: ¿Por qué se debe seguir investigando a Aníbal Fernández y a otros 18 imputados?
Los 19 imputados son:
Aníbal Domingo Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Juan Gabriel Mariotto, Pablo Paladino, Ana Liliana Malecki, Silvina Mabel Arancibia, Juan Miguel Ripoll, Leonardo Ellenberg, Alberto Mario Pomato, Marcelo Eduardo Bombau, Bruce Barret Churchill, Daniel Alejandro Nofal, Alejandro, Burzaco, Jacopo Bracco, Michael Alan Hartman, Eduardo Manuel De Abelleyra, William Langden Wedum, Carlos José García, Frederick, Arnold Vierra, Ronald Michel Kolders, en orden al delito de defraudación en perjuicio de la administración pública -art. 174 inc. 5°, en función del 173 inc. 7° del C.P.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal sostiene que no se hicieron todas las indagaciones necesarias sobre el Fifa Gate, antes de cerrar la causa, y que también se necesita acceder a toda la información posible sobre el caso que se investiga en la Justicia de Nueva York en torno a Alejandro Burzaco y los exfuncionarios argentinos.
Falta investigación
En su resolución, la Cámara sostiene que si bien “no se pierde de vista la extensión y complejidad de la actividad” en la instrucción, “no se puede más que concluir que la actividad orientada a dilucidar lo acontecido no ha sido suficiente”.
Según los jueces, “no se advierte avance alguno en la pesquisa respecto a las diferencias que podrían existir entre los valores que figuraban en los contratos celebrados entre Alejandro Burzaco y la Jefatura de Gabinete de Ministros con aquellos que le eran informados al Directorio de Torneos y Competencias, correspondiendo a la instrucción efectuar el rastreo de las sumas dinerarias implicadas a fin de arrojar mayor luz a la cuestión y determinar si se ocultó dinero, cómo se ocultó y qué finalidad se le dio”.
