Hoy es el día en que una baja de las retenciones es criticada por el campo. Sí, suena raro. La reducción del instrumento fiscal que en las últimas décadas ha protagonizado las discusiones entre los productores agropecuarios y el Estado, fue criticada por los beneficiarios de la medida, cuando podría suponerse que era el momento para celebrarla positivamente.
La reducción de los derechos de exportación a la soja, al 30% durante octubre, al 31,5% en noviembre y al 32% en diciembre, puede pensarse como una medida en sentido correcto, pero se critica como insuficiente para resolver los problemas de fondo.
Más satisfechos quedaron otros segmentos del amplio arco agroindustrial, particularmente los procesadores, como las aceiteras y los productores de biodiesel, que además de la rebaja general podrían captar, incluso más allá de este año, una reducción mayor. Habrá alícuotas menores para aceites de soja crudo, aceites de soja refinado envasado, cáscaras de soja y biodiesel, para aceites la reducción llega al 27% en octubre, convergiendo a entre el 30-31% en enero del 2021. Para el biodiesel se reduce la alícuota del 30% al 26% en octubre del 2020, convergiendo al 29% en enero del 2021. Así se reestablece el diferencial arancelario, con el argumento de favorecer el agregado de valor industrial.
¿Por qué se siguen quejando los chacareros?.
¿No es un avance en la problemática que en 2008 provocó un conflicto nacional, y abrió una grieta cuya onda expansiva se percibe aún en los debates políticos? ¿No podría tomarse como una manera de cerrar heridas para Alberto Fernández, el actual presidente de la Nación, que tras aquella batalla histórica por la Resolución 125 terminó eyectado de la Jefatura de Gabinete del Gobierno?
El problema no son las retenciones sino el dólar, por la brecha entre el valor oficial, alrededor de 80 pesos, con los 54 pesos que cobra el campo por la venta de granos, y lo que se puede comprar, en un contexto donde muchos economistas pronostican una devaluación, que eventualmente mejoraría el valor de los granos. Ese es el quid de la cuestión por el cual los productores agropecuarios no ven como un aliciente efectivo a la baja de los derechos de exportación a la soja anunciada por el Gobierno este jueves.
“Las medidas anunciadas no tienen el rumbo que el productor espera, puesto que la temporalidad de tres meses propuesta hace que el beneficio podría no ser captado por los productores”, dijo Carlos Iannizzotto, el presidente de Coninagro, uno de los dirigentes agropecuarios más cercanos al Gobierno.
Iannizzotto pronosticó que “difícilmente tenga impacto. Es una medida fiscalista, más coyuntural que estratégica, porque hay varios factores como la brecha cambiaria que no acompañan esta medida y la situación macro sigue inconsistente. Seguimos con una política cambiaria frágil y sin rumbo.”.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes dijo que “los anuncios demuestran que no conocen la dinámica comercial y logística de la producción de granos”.
En el mismo sentido opinó Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), quien llegó a calificar a las medidas como “un fraude a los pequeños y medianos productores que ya vendieron sus cosechas, por las que se les ha retenido el 33% de retenciones. Recién contaremos con nueva producción el año entrante, cuando esta rebaja temporal ya no esté vigente”.
Segmentación por escala y geográfica
Ni siquiera las compensaciones a pequeños productores, con un plus de beneficios a los que tienen más gastos por estar alejados de los puertos, dejaron satisfecha a FAA, que esperó durante meses la implementación de la medida, esbozada en diciembre y anunciada en marzo “Desde entonces, el poder adquisitivo de los pesos que ahora nos devolverán se derrumbó estrepitosamente”, afirmó Achetoni, con tono enojado.
La Sociedad Rural Argentina también cuestionó la utilidad de la medida. Consideraron que “el incentivo propuesto no llegaría a compensar las posibles variaciones de precios internacionales, del tipo de cambio esperado, nuevas restricciones, ausencia de un esquema alternativo que pueda proteger la liquidez generada por ese adelanto de venta, y el deterioro que generará en los precios de mercado la misma temporalidad del incentivo”.
