El calendario agrícola argentino inicia septiembre bajo una marcada expectativa institucional. Al cumplirse la fecha límite fijada para el régimen de compatibilidad entre el empleo rural temporario y los beneficios sociales —normativa regida por el Decreto 514/2021—, el mercado laboral estacional en las economías regionales ingresa en una etapa de revisión regulatoria.
La disposición constituyó un engranaje clave para abastecer la demanda de mano de obra en los picos del ciclo productivo. Producciones clave como la fruticultura en el Valle del Río Negro, la citricultura en el Litoral, la zafra azucarera y la cosecha de tabaco en el Noroeste, la vitivinicultura en Cuyo y la recolección de berries dependen de la movilidad de trabajadores estacionales.
La garantía de conservar la asistencia social brindaba tranquilidad económica a las familias rurales mientras prestaban tareas registradas. La posibilidad de alternar la asistencia con un salario formal permitió reducir la resistencia histórica al alta en blanco por temor a perder la prestación.
Ante la finalización del decreto, analistas señalan que la ausencia de un marco legal puede reintroducir complejidades en la contratación regular y en la disponibilidad de cuadrillas en los campos.
Qué dijo la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
En este escenario, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) emitió un comunicado para exponer la posición del gremio.
Desde la entidad sindical remarcaron que la falta de reglamentación preventiva representa “una medida que desalienta el trabajo registrado y genera un perjuicio directo sobre las economías regionales”.
Leé también:“Saquemos a Messi a la cancha”: aceiteras y productores de biodiésel piden una nueva ley de biocombustibles
Según detalló el escrito, el pasado 18 de agosto la entidad remitió una nota formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando la prórroga urgente.
Al no haberse dispuesto la extensión previo al vencimiento de este 1 de septiembre, el gremio alertó que “quedan en estado de vulnerabilidad e incertidumbre prestacional aproximadamente 120.000 trabajadores rurales temporarios en todo el territorio nacional”.
“Las herramientas de contención social deben funcionar como un puente real hacia la formalidad laboral y no convertirse en un obstáculo que empuje a los trabajadores a la informalidad”, destacaron.
La UATRE enfatizó que la interrupción del régimen perjudica tanto a la fuerza laboral como a la producción, ya que “desincentiva la contratación en blanco, entorpece la cobertura de vacantes locales y quita previsibilidad a las empresas agropecuarias en las vísperas de las nuevas campañas”.
Leé también: “Desde la tranquera hacia el muelle”: la propuesta de un puerto bonaerense para integrar la logística y la producción
El escrito incluyó declaraciones de José Voytenco, Secretario general de UATRE, quien sostuvo que la falta de prórroga “no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país”.
Frente a esta situación, la entidad sindical reiteró el pedido de una pronta solución oficial. Hasta el momento, las dependencias gubernamentales no han informado resoluciones al respecto.
