El gobierno de Javier Milei avanza con ajustes profundos en la organización del Estado nacional. Aunque en el discurso todo lo que huele a Estado es castigado por las ideas libertarias, la trasformación económico político de la organización del país se lleva a cabo a través de cambios estatales.
En ese sentido, el impacto sobre el campo no sólo se expresa en lo que la administración púbica le cobra por derechos de exportación –que este gobierno redujo, aunque aún lejos de lo prometido- sino también por otras medidas estatales, desde la apertura en comercio exterior hasta las desregulaciones diversas que facilitan las operaciones de la cadena productiva y las reducciones de personal en organismos como el INTA.
Las medidas no siempre dependen de la voluntad del poder. En muchos casos, se trata de articular intereses, no sólo en el presente sino también con efectos a mediano y largo plazo.
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Dos temas elocuentes al respecto son, por un lado, la normativa sobre semillas que el Gobierno intenta renovar luego de 50 años, y el marco regulatorio sobre biocombustibles que se debate en el Senado, también luego de varios años de marchas y contramarchas.
El protocolo sobre semillas que se presentó la semana en el Boletín Oficial plantea un entendimiento entre privados, y genera expectativas especialmente entre los obtentores vegetales que llevan décadas esperando un reconocimiento a la propiedad intelectual y los agricultores convencidos de que es una oportunidad para que la Argentina equipare las posibilidades en genética y biotecnología que se ofrecen en otros países.
Pero también están los productores que reaccionaron con argumentos válidos al reclamo del ministro Federico Sturzzeneger, que los acusó de cómplices del atraso tecnológico.
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En el caso de los biocombustibles, en general la agroindustria ha cerrado filas en contraposición a las petroleras, las automotrices y los gobiernos, que han sostenido el status quo por defensa del negocio, de la zona de confort o de la recaudación impositiva, en desmedro de los avances ambientales y sanitarios que el asunto requiere, tal como se están implementando en otros países.
En ambos temas, es necesario debatir a fondo diversos aspectos, que en ningún caso son imposibles de consensuar, y acordar marcos regulatorios que propicien sólidas políticas de Estado, para mejorar el presente y generar un futuro sostenible. No es tan difícil, hablando –e incluso pulseando relaciones de fuerza, se entiende la gente.
