Detrás de las noticias principales, como el caso Adorni, la inflación, las protestas y judicialización de la reforma laboral, o las inversiones… el Gobierno está tomando decisiones trascendentales con impacto en la agroindustria, con mayor intensidad que en otros momentos de la gestión que ya lleva dos años y medio.
Las ideas libertarias de Javier Milei siempre rumbearon hacia la minimización de las regulaciones e intervenciones estatales, sea en normativas aduaneras o de control técnico-comercial, en línea con su filosofía rothbardiana que implica una eliminación de la burocracia, en una apuesta plena a los incentivos del sector privado.
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El actual primer mandatario de la Argentina, que revalidó su liderazgo nacional en las últimas elecciones legislativas dos años después de la elección presidencial, no cree en los organismos de representación colegiada, al estilo europeo e impulsa reducciones y eliminación, si fuera posible. Si la gente lo votó por eso, u hoy tiene respaldo mayoritario en ese sentido, es difícil de determinar. El dato es que lo está haciendo.
Esa ideología presidencial se expresó con contundencia esta semana con el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). La medida provocó heridas en la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) que criticó la medida, aunque bodegueros y productores celebraron que ya no tendrán que aportar un porcentaje de las ventas de vinos, mostos y pasas de uva, para financiar esos mecanismos de promoción.
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En la misma línea, La Libertad Avanza… sobre el INTA, un organismo emblemático del desarrollo agropecuario nacional, que por estatuto fundacional es autárquico, o sea que la decisión final no reside en la voluntad del Poder Ejecutivo sino en un Consejo Directivo, que el Gobierno intentó transformarlo en un organismo manejado por el Poder Ejecutivo. Pero, tras el rechazo de un DNU en el Congreso y un fallo de la Justicia Federal, ese cuerpo colegiado volvió a tener poder y representación plural.
Con todo, el renovado Consejo Directivo del INTA (integrado por entidades técnicas, de la mesa de enlace y de universidades) ahora avaló el plan de retiros de personal de planta permanente, en implícita aceptación de que considera válido un ajuste, al menos parcial, del Instituto. Apuntan a reducir un 25% de los empleos (1500 de un total de 6000, aproximadamente), cerrar algunas dependencias y vender inmuebles.
El Partido Justicialista viene cuestionando ese rumbo, por ahora con comunicados, pero advierten que seguirán la discusión, incluso en el Congreso. El gobierno bonaerense de Axel Kicillof le pidió a Milei que le traspase las tierras del INTA que considera “innecesarias”, para “que sigan siendo productivas bajo administración pública provincial.
La secretaría de Asuntos Agrarios de ese partido, coordinada por el ministro Julián Dominguez, cuestionó la eliminación del aporte estatal que sostenía la promoción vitivinícola. Habló de “abandono productivo” a productores, cooperativas y economías regionales.
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El ex ministro de Agricultura planteó que “el recorte no es técnico sino parte de un modelo que desmantela herramientas construidas durante décadas”.
También difundieron un ante proyecto de ley para rediseñar el INTA hacia la “cuarta revolución” del agro, con el foco en la inteligencia artificial (IA), la biotecnología y la gestión de datos, como una alternativa al ajuste que propone el oficialismo.
