El mal estado de los caminos rurales volvió a instalarse como un reclamo persistente en el norte, centro y sur de la provincia de Buenos Aires.
Con matices según la región, la problemática combina el impacto de lluvias intensas y desiguales con déficits de mantenimiento que, en muchos casos, derivan en situaciones críticas para la vida cotidiana y la actividad agropecuaria.
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En distintos distritos, los productores —y también vecinos de zonas rurales— advierten que la falta de transitabilidad no solo complica la logística de la cosecha o el movimiento de hacienda, sino que condiciona cuestiones básicas como el acceso a centros de salud, la llegada a escuelas rurales o la conexión con centros urbanos.
En ese escenario, los caminos dejan de ser solo una infraestructura productiva para convertirse en una necesidad social.
Un problema estructural que atraviesa el territorio
Las tensiones también escalaron en el plano institucional. En algunos casos, como en Daireaux, los reclamos por el estado de la red derivaron en presentaciones judiciales que cuestionaron el destino de la tasa vial, un tributo que los municipios cobran con el objetivo de sostener y mejorar estos caminos. En otras localidades, como Azul, se replicaron demandas similares ante la Justicia, con el eje puesto en la necesidad de que los recursos se traduzcan efectivamente en obras.
El planteo de las entidades del campo se repite: mayor transparencia en el uso de los fondos y ejecución concreta de trabajos que eviten que los caminos queden, como señalan, “a mitad de camino”.
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En paralelo, los municipios enfrentan sus propias limitaciones, entre presupuestos ajustados, extensión territorial y condiciones climáticas que aceleran el deterioro de los trazados de tierra. En la provincia, la red vial rural supera los 120 mil kilómetros, y cerca del 90% corresponde a caminos de tierra, lo que dimensiona la magnitud del desafío.
En ese contexto de reclamos cruzados y necesidades urgentes, la Provincia comenzó a delinear una respuesta con enfoque estructural. Días atrás, en Chascomús, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, presentó el Plan Director de Caminos Rurales, acompañado por el intendente Javier Gastón y representantes del sector agropecuario local.
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La iniciativa apunta a ordenar la planificación de obras y establecer criterios técnicos para el mantenimiento de la red. Uno de los ejes centrales es la georreferenciación de los caminos, con un relevamiento detallado que permita identificar el estado de cada tramo, sus características y las intervenciones necesarias.
El plan también contempla definir esquemas de mantenimiento con distintas frecuencias según las condiciones de cada camino, además de focalizar mejoras en puntos críticos donde se concentran los problemas.
A esto se suma un componente clave: el análisis hidrológico, fundamental en zonas atravesadas por la cuenca del Salado, donde el comportamiento del agua condiciona la durabilidad de cualquier intervención.
Chascomús, con más de 700 kilómetros de caminos rurales, funcionará como caso piloto. La propuesta cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y busca replicarse en otros municipios bonaerenses.
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Otro de los aspectos destacados es la participación de los productores en el proceso. Según se planteó en la presentación, el objetivo es incorporar el conocimiento de quienes utilizan a diario los caminos para definir prioridades y mejorar la toma de decisiones.
Así, en medio de un escenario donde los reclamos se multiplican y la presión sobre la infraestructura vial crece, la Provincia ensaya una herramienta de planificación que intenta dar una señal. El desafío, coinciden en el sector, será que ese ordenamiento se traduzca en obras concretas y sostenidas en el tiempo.
