Un legislador cordobés, Oscar Agost Carreño del PRO, presentó un proyecto para prohibir el cobro de las guías ganaderas, en la provincia mediterránea, a los productores por parte de los municipios que todavía perciben dicha tasa.
En su diseño, también participaron entidades del campo como la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y el Distrito 4 de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
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La iniciativa propone que se reconozca al DT-e como “único instrumento válido y obligatorio para el traslado de animales en pie”.
La propuesta fue ingresada en el cuerpo legislativo provincial y considera al Documento de Tránsito Electrónico (DT-e), que emite el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) como “único instrumento válido” para trasladar la hacienda, dejando sin efecto el tributo dispuesto por los municipios.
“Reconózcase al Documento de Tránsito Electrónico (DT-e), o el que lo reemplace en el futuro, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a través de los sistemas oficiales habilitados, como único instrumento válido y obligatorio para el traslado de animales en pie dentro del territorio de la Provincia de Córdoba, conforme la normativa sanitaria vigente”, indica el 1° artículo del proyecto.
Asimismo, plantea reconocer al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) y al Registro Nacional de Productores Agropecuarios (Renspa), o a los sistemas que los reemplacen, como sistemas oficiales de información vinculada al movimiento y existencia del ganado.
De prosperar el proyecto, se reformaría la Ley Provincial N° 5542, que ordena, organiza y establece facultades en el traslado de hacienda dentro de Córdoba.
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Entre los fundamentos de la medida, Agost Carreño planteó que “la materia de marcas y señales constituye una competencia propia de la provincia de Córdoba” y que “en ejercicio de esa atribución, la legislación vigente estableció oportunamente un esquema descentralizado que otorgó intervención operativa a autoridades locales en la confección y validación de las denominadas ‘guías ganaderas’”.
“Dicha intervención tuvo carácter organizativo y reglamentario, no constitucional”, cuestión por la cual “no implicó transferencia definitiva de competencia, sino una modalidad administrativa adoptada en un contexto tecnológico basado en soporte papel y tramitación presencial”.
Es por eso que Agost Carreño entiende que “la implementación del DT-e en la esfera federal, ha modificado sustancialmente el procedimiento operativo, permitiendo la emisión digital, la trazabilidad en tiempo real y la validación centralizada del instrumento. En ese nuevo escenario, la intervención local obligatoria ha perdido sustento funcional”.
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De esta manera, el legislador del PRO tomó un reclamo histórico de los productores cordobeses, más allá de que ya hay muchos municipios que no lo cobran más.
Es por eso que el mes pasado, 120 productores ganaderos se reunieron en la localidad de Sampacho para exigirle a las autoridades de los municipios de la zona desistan de seguir emitiendo dicho tributo.
Uno de los impulsores del encuentro fue la naciente Asociación de Productores del Suroeste de Córdoba (APSC). Su presidente, Álvaro Daghero, consideró a dicha tasa como ilegal. “Hace 7 años que es autogestión, por lo que perdió valor”, agregó.
Por su parte, Sebastián Laborde, director del Distrito 4 de la Sociedad Rural Argentina (SRA), sostuvo que “con las guías, los intendentes no tienen jurisdicción fuera del ejido urbano, pero hace un tiempo los municipios cumplían la función de llevar adelante el stock y la confección de estas, pero desde que se digitalizaron esto no se lleva más, aunque lo siguieron cobrando. Es muy oneroso, los productores lo están sintiendo mucho”,
