Dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las 4 entidades que integran la mesa de enlace, presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone incorporar la figura del “vandalismo rural” al Código Penal, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria.
Según explicaron, la iniciativa busca dotar al Estado de “herramientas jurídicas eficaces” frente a hechos delictivos que dañan los bienes, la infraestructura y “el esfuerzo productivo del sector rural”.
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El proyecto plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorpora al artículo 184 bis, que crea la figura de “vandalismo rural”.
Esta nueva tipificación prevé penas de 2 a 5 años de prisión para quienes afecten el normal desempeño de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silos bolsa, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes vinculados a la actividad.
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En relación a la iniciativa, desde CRA señalaron que “no se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”.
En ese sentido, remarcaron que los ataques a silobolsa y a establecimientos rurales “se han vuelto una práctica reiterada que hoy no encuentra una respuesta penal acorde a la gravedad del daño que provocan”.
La propuesta también actualiza la figura del delito de “estrago”, añadiendo nuevas modalidades como la liberación de patógenos, y establece escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, así como cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.
Desde la entidad que preside Carlos Castagnani explicaron que el Código Penal vigente presenta falencias que dificultan una respuesta judicial efectiva frente a estos hechos.
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“El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”, afirmaron.
Finalmente, CRA subrayó que esta propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que afectan no solo a los productores, sino también al desarrollo económico y social de las comunidades del interior del país.
