La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Suipacha.
Después de más de siete décadas de historia, La Suipachense, una de las marcas más reconocidas del sector lácteo bonaerense, fue declarada en quiebra.
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La decisión judicial pone fin a una firma emblemática que había nacido como un emprendimiento familiar y que llegó a procesar 250.000 litros de leche por día, convirtiéndose en un símbolo de la producción local.
El Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., razón social bajo la cual operaba la planta. La medida implica la inhabilitación definitiva de la empresa, la inhibición general de bienes y la clausura del establecimiento, además del retiro de documentación contable.
La Justicia decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A. y dispuso la clausura del establecimiento
La compañía estaba bajo control del grupo Maralac, administrado por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, los mismos que estuvieron al frente de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), fabricante de los clásicos postres y yogures SanCor.
ARSA también fue declarada en quiebra la semana pasada, dejando sin trabajo a otros 400 empleados en sus plantas de Lincoln y Córdoba.
La Suipachense llevaba más de tres meses sin actividad. Los 140 trabajadores mantenían un acampe frente a la planta, reclamando respuestas y el pago de salarios adeudados.
El conflicto se había desatado a mediados de año, cuando la empresa despidió a nueve administrativos y amenazó con nuevos recortes.
La comunidad de Suipacha y de la vecina Chivilcoy acompañó las protestas, en defensa de una marca que era parte de la identidad local.
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El pedido de quiebra fue presentado el 27 de octubre por el abogado Julián Coronel, apoderado de la empresa Watt’s, una de las principales acreedoras.
En su presentación, Coronel advirtió sobre “la delicada y grave situación de los trabajadores” y la imposibilidad de retomar la producción.
El administrador designado por Maralac, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, fue inhabilitado por un año para ejercer funciones comerciales y deberá pedir autorización judicial para salir del país.
Además, fue intimado a entregar las llaves y accesos digitales del predio a la sindicatura.
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Para la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), que acompañó el reclamo de los trabajadores, la caída de La Suipachense y de ARSA expone “una gestión ineficiente y plagada de irregularidades”, que agravó los problemas de un sector ya golpeado “por la caída del consumo interno, el aumento de costos y la pérdida de competitividad“.
Con esta quiebra, el cierre de La Suipachense deja un vacío difícil de llenar en la cuenca lechera bonaerense. Una historia de 70 años, que comenzó como empresa familiar y supo ganarse un lugar en la mesa de miles de argentinos, se apaga entre deudas, promesas incumplidas y el desamparo de sus trabajadores.
