El destino de una cosecha valuada en más de US$2 millones en San Luis se convirtió en un misterio.
Se trata del maíz sembrado en el campo “El Caburé”, de unas 2 mil hectáreas ubicado en el departamento Pedernera, al sur provincial, que fue expropiado por el gobierno puntano en abril del año pasado.
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Desde entonces, los productores afectados denunciaron irregularidades en la administración de la producción y reclamaron respuestas sobre la venta y el manejo del cereal.
La expropiación estuvo a cargo del secretario provincial de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, quien encabezó los procedimientos sobre el terreno.
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Según el gobierno de San Luis, el propietario original, Daniel Lucero, habría incumplido ciertas normativas, motivo por el cual se decidió la transferencia de las tierras. Sin embargo, los productores que trabajaban el campo, identificados como Ingaramo y Baira, aseguraron que los trámites y la documentación estaban en regla y califican el desalojo como ilegal.
El conflicto no se limita a la propiedad de las tierras
Los productores sostienen que el maíz listo para cosechar desapareció sin registro contable oficial. No existen documentos que acrediten el ingreso del dinero a las arcas estatales ni mapas oficiales que registren el movimiento del cereal, señaló El Diario de la Republica.
Según las denuncias, durante la operación “habrían participado asesores y funcionarios, con maniobras que eludieron cartas de porte”, el documento legal que regula el transporte de granos.
Un audio difundido en redes y medios locales mostró a una persona identificada como asesor, presuntamente vinculada a funcionarios provinciales, sugiriendo formas de comercializar el maíz sin dejar registro contable.
En el material, se habla de vender el grano “a productores directos” o como maíz procesado, evitando trámites oficiales. Este audio es considerado por los denunciantes como una evidencia clave de irregularidades en la comercialización de la cosecha.
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El abogado de los productores afectados, Alejandro René Viano, calificó la situación como un robo y cuestionó la intervención estatal en el campo.
Señaló que las acciones llevadas a cabo por la provincia habrían afectado las garantías legales de los productores, mientras que la operación de expropiación muestra, según él, arbitrariedad en los procedimientos administrativos.
Viano afirmó que se presentó documentación y pruebas ante la Justicia, incluyendo la denuncia por la desaparición de la cosecha y la implicación de terceros en la venta del maíz.
Por su parte, el gobierno provincial mantiene silencio sobre el caso. La Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión no emitió declaraciones sobre el paradero de la cosecha ni sobre las denuncias realizadas, generando críticas de los productores y de observadores independientes que cuestionan la transparencia de la gestión.
El Gobierno recuperó el control de “El Caburé” en 2024
El inmueble rural de 2000 hectáreas, adjudicado originalmente a “El Caburé SA” en 2009 bajo el plan Pioneros Siglo XXI, volvió a manos del gobierno provincial luego de que la firma incumpliera sus compromisos de inversión, innovación tecnológica y generación de empleo.
Tras la rescisión del contrato y la negativa a revocar la decisión, las autoridades confirmaron que gran parte del terreno estaba abandonado y con cultivos de maíz en mal estado.
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Para evitar mayores pérdidas, el Gobierno procedió a cosechar y almacenar los cultivos existentes en silo-bolsas, asegurando los recursos mientras preparaba un nuevo proyecto productivo en el predio.
La recuperación de la propiedad busca revitalizar la actividad agropecuaria de la zona y garantizar que el inmueble cumpla los objetivos originales del plan, generando oportunidades económicas para la comunidad local, informó en 2024 la Agencia de Noticias de San Luis.
