El proceso concursal de Algodonera Avellaneda, una de las principales industrias textiles del norte santafesino, entró en una etapa clave con la presentación formal de su propuesta de pago a los acreedores.
La firma, perteneciente al Grupo Vicentin, busca homologar un acuerdo que contempla fuertes quitas y una extensa espera, en medio de la mirada atenta del sector empresario y sindical.
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El documento, presentado en el expediente “Algodonera Avellaneda s.a. s/ Concurso Preventivo” ante el juez Fabián Lorenzini, lleva las firmas del presidente del directorio, Héctor Francisco Vicentin, y del vicepresidente, Dionisio Amaro Moschén, con patrocinio de los abogados Guido Javier Ferullo y Héctor Luis Vizcay.
El esquema central de la propuesta establece que todos los créditos en pesos se convertirán a dólares estadounidenses al tipo de cambio de $995,50 por dólar, correspondiente al 12 de noviembre de 2024. Aquellos originalmente pactados en dólares mantendrán esa condición. Los pagos, sin embargo, se realizarán en moneda local, ajustados al tipo de cambio comprador del Banco Nación del día anterior a cada vencimiento.
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En cuanto a las condiciones, la oferta incluye una quita del 90% sobre el capital adeudado, una espera de 24 meses a partir de la aprobación firme del acuerdo y el pago del saldo restante en 16 cuotas anuales, iguales y consecutivas. Cada cuota devengará un interés anual del 3%, en línea con lo planteado en otros concursos del grupo empresario.
Condiciones y control
El control de la ejecución recaerá en un Comité Definitivo de Acreedores, integrado por el Banco Nación, Amerra y la Asociación Obrera Textil. Este órgano tendrá libre acceso a la documentación contable y podrá requerir información directamente a los auditores externos, señalaron.
Un punto sensible de la propuesta es la exclusión de los acreedores privilegiados, con quienes la empresa indicó que negociará individualmente. En esa categoría se encuentran los trabajadores, los acreedores prendarios e hipotecarios, los que poseen warrants sobre mercaderías, además de los gastos de justicia y honorarios profesionales. Esta decisión anticipa un camino complejo en la negociación, especialmente en el plano laboral.
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La compañía asegura que el directorio continuará en funciones y que se buscará el aporte de terceros para sostener el funcionamiento de las unidades productivas, garantizar el pago de salarios y poner en marcha un nuevo plan de negocios. Asimismo, promete mantener los activos y comunicar hechos relevantes al Comité de Acreedores.
La propuesta se encuadra en el artículo 43 de la Ley 24.522 y contempla que cualquier modificación futura deberá significar una mejora para los acreedores. De ser homologada, implicará también la liberación de fiadores y el levantamiento de inhibiciones generales de bienes.
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El futuro de la textil santafesina depende ahora de la respuesta que den sus acreedores, en un contexto en el que la quita ofrecida y los plazos generan tanto expectativas como dudas.
