El Movimiento CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) describió los procedimientos que deben seguir los productores agropecuarios, que fueron afectados por las inundaciones en el oeste bonaerense, para gestionar los beneficios impositivos y financieros previstos por la ley.
Las precipitaciones excesivas anegaron campos, comprometieron cultivos y forzaron a muchos productores a desprenderse de parte de su hacienda en amplias zonas del oeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires.
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En este contexto, la Ley de Emergencia Agropecuaria N.º 26.509 contempla herramientas específicas para mitigar el impacto económico, entre ellas la deducción del 100% del Impuesto a las Ganancias sobre la utilidad generada por ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.
De acuerdo con la normativa, esta posibilidad se aplica a productores cuyos establecimientos hayan sido declarados en situación de “emergencia agropecuaria”, cuando al menos el 50% de la capacidad productiva está afectada, o de desastre agropecuario, en casos donde el daño alcanza o supera el 80%.
Qué se considera una venta forzosa de hacienda
Un informe publicado en la plataforma Contenidos CREA detalla que se entiende por venta forzosa aquella que excede, en cantidad de cabezas, el promedio de ventas de los dos ejercicios anteriores al año en que se declara la emergencia o desastre.
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El cálculo se realiza por especie y categoría, y las operaciones deben concretarse dentro del ejercicio fiscal correspondiente al período afectado.
Asimismo, la ley establece que los productores que utilicen este beneficio deben reponer al menos el 50% del ganado vendido forzosamente, de la misma especie y categoría, a más tardar al cierre del cuarto ejercicio posterior al fin del período de emergencia o desastre, y mantener esa nueva existencia durante dos ejercicios adicionales.
Un caso testigo en Saladillo
El Movimiento CREA citó como ejemplo el caso de Fernando García Llorente, administrador de la firma Santa María del Recuerdo, integrante del CREA Vallimanca, con establecimiento en la zona de Saladillo, una de las más afectadas por las inundaciones.
García Llorente relató que la gestión para acceder a la emergencia agropecuaria comenzó en el municipio, desde donde el trámite fue elevado al ámbito provincial.
“Una vez aprobado el trámite en el municipio, la solicitud de la emergencia se envía a la provincia, donde nos indicaron que, además de la partida afectada por inundación, teníamos que informar todas las demás partidas de la empresa”, explicó.
Con esa información, los agentes de ARBA evaluaron guías y registros RENSPA, lo que derivó en un pedido de información adicional. Luego de su aprobación a nivel provincial, la solicitud fue presentada ante ARCA (la autoridad nacional competente), que también requirió documentación complementaria.
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“ARCA recibió la información solicitada y no se expidió al respecto, por lo que el contador de la empresa dio por aprobada la gestión para comenzar a aplicar los beneficios contemplados en la emergencia agropecuaria”, señaló García Llorente.
Cuando finalmente se oficializó la emergencia, la empresa ya había tenido que vender vacas preñadas del establecimiento inundado.
“Este es un aspecto importante porque las emergencias deben atenderse con urgencia, mientras que la gestión administrativa lleva su tiempo”, destacó.
En sus palabras, “la norma está diseñada para evitar la descapitalización de las empresas ganaderas ante un desastre climático, de manera tal de darnos la oportunidad de recuperarnos cuando se presenten condiciones más favorables”.
Beneficios extras
A nivel provincial, ARBA otorga una prórroga en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural para las empresas en emergencia agropecuaria, mientras que aquellas en situación de desastre quedan exentas del tributo en la proporción afectada. En caso de haber abonado igualmente la boleta, el monto se convierte en crédito fiscal a favor del productor.
Además, los clientes del Banco Provincia (Bapro) pueden gestionar una prórroga de los vencimientos de créditos hasta la finalización del período de emergencia, lo que brinda un alivio financiero clave para sostener la actividad en contextos críticos.
Procedimientos y consultas
El informe de CREA recuerda que los procedimientos administrativos para solicitar la emergencia agropecuaria varían entre el ámbito provincial y el nacional, y pueden consultarse en los portales correspondientes. También se encuentra disponible el listado actualizado de emergencias agropecuarias homologadas por el gobierno nacional para cada provincia.
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En tanto, los equipos técnicos de CREA advierten que el fenómeno climático continúa afectando severamente la producción en el oeste y sudeste bonaerense, con pérdidas que en numerosos casos superan el umbral del 80% previsto por la ley.
Frente a ello, las herramientas de la Ley 26.509 se vuelven esenciales para sostener a los productores hasta que las condiciones del clima permitan retomar la actividad con normalidad.
