El juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, resolvió prorrogar por 120 días hábiles judiciales la intervención societaria de Vicentin S.A.I.C., extendiendo la medida hasta el 8 de abril de 2026.
La agroexportadora santafesina que entró en default en 2019 con una deuda verificada por US$1500 millones, transita una instancia de salvataje (cramdown); última oportunidad para evitar la quiebra definitiva.
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Antes del 31 de este mes, los interesados en quedarse con la compañia deberán presentar ofertas de cancelación de deuda ante los acreedores y conseguir avalas de la mayoría de ellos, como de los titulares de dos tercios de la deuda.
Hasta ahora la única propuesta pública es la de la corredora Grassi, presentada en un sitio web www.cramdownvicentin.com con la que se apunta a mantener en una misma firma todos los activos de Vicentin, con la intención de mantener al personal técnico de la empresa, considerado estratégico para el negocio, aunque sin continuidad para familiares de los antiguos accionistas. Además, prevé la incorporación de ejecutivos de otras compañías líderes del sector.
En los próximos días se presentaría la propuesta de Molinos-Dreyfus, que compraron en conjunto el pliego para presentarse en el cramdown, y no descartan articular intereses con otros protagonistas del mercado agropexportador.
Por su parte, Bunge, que se integra con Viterra, apunta sobre todo a la participación accionaria que Vicentin tiene en Renova, la aceitera más grande del país.
En tanto, La Unión Agrícola Avellaneda es la cuarta firma que compró el pliego de un millón de dólares para presentar ofertas, y podría articular acciones con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), principal acreedor comercial de la compañía, que había intentado quedarse como Interesado Estratégico, pero la propuesta presentada por Vicentín en el período de exclusividad del concurso fue declarada inconstitucional por la Justicia.
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Al prorrogar la intervención, el magistrado sostuvo que “estamos lejos de poder aseverar que la concursada se encuentra a salvo”, en referencia a la situación económica y jurídica de la compañía agroexportadora.
Lorenzini desplazó a los directores originales de Vicentin en el momento más crítico de la crisis, cuando la firma había cerrado sus operaciones, dejó de pagar sueldos y servicios básicos, en medio de un patrimonio neto negativo.
La intervención judicial, con apoyo del gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro, permitió reabrir plantas, recuperar confianza entre fasoneros y reanudar pagos, en paralelo al avance del concurso preventivo que actualmente se encuentra en la etapa de “concurrencia o salvataje” prevista por la Ley de Concursos y Quiebras.
La medida busca “garantizar la continuidad operativa y dar seguridad jurídica”
En su resolución fechada el 7 de octubre, Lorenzini también decidió extender la suspensión de todos los mandatos, poderes y funciones de los directores naturales de la empresa, y ratificó en sus cargos a los interventores designados: el contador público Andrés Shocron y el abogado Guillermo Nudemberg. Ambos continuarán ejerciendo la administración y control de las unidades de negocio que integran el patrimonio de la concursada.
Lorenzini fundamentó la prórroga en la persistencia de factores de inestabilidad. Mencionó, entre otros, la renuncia de los administradores desplazados y la convocatoria a una asamblea de accionistas para el 24 de octubre, en un contexto que aún requiere “aportar seguridad jurídica y trazabilidad al gobierno de la concursada”.
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Paralelamente, los interventores judiciales presentaron un informe al juez con detalles sobre las ofertas de compra de activos recibidas.
Entre ellas, la empresa Kory S.A. ofreció un millón y medio de dólares por oficinas en Rosario; Gonzalo Arturo Auded ofertó dos millones por un lote en Puerto Rosario; y Agroindustrias BEB S.A. propuso un millón y medio por el feed lot de Nicanor Molinas, con un esquema de pago mixto.
Además, se informó que hubo una mejora en la propuesta para adquirir las acciones de Terminal Puerto Rosario, aunque no trascendieron las cifras.
La venta de activos aparece como una alternativa para obtener recursos que permitan afrontar compromisos urgentes.
Según los informes judiciales, la deuda postconcursal de Vicentin superaba los $39.600 millones en junio de 2025.
La decisión judicial busca sostener el funcionamiento operativo y financiero de la empresa durante esta etapa clave, mientras se definen los pasos para su eventual salvataje o reestructuración definitiva.
