Un grupo de diputados nacionales de distintos bloques presentó en el Congreso un proyecto de ley que apunta a regular el uso de fitosanitarios a nivel nacional.
La iniciativa, encabezada por Atilio Benedetti (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), propone establecer presupuestos mínimos de protección ambiental y unificar los criterios existentes en las provincias, con el objetivo de dar previsibilidad tanto a los productores como a las comunidades rurales.
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El texto fue elaborado en conjunto con la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), una entidad que reúne a más de 80 instituciones públicas y privadas.
El proyecto declara de interés nacional la adopción de buenas prácticas agrícolas, la investigación y el desarrollo de tecnologías más eficientes y seguras, y define claramente las responsabilidades de cada eslabón de la cadena: aplicadores, asesores, comercializadores, fiscalizadores y empresas.
La propuesta fija distancias mínimas, responsabilidades y pautas técnicas
Entre los aspectos centrales, la propuesta incorpora la definición de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento, con el fin de ordenar territorialmente el uso de fitosanitarios en relación con poblaciones, cursos de agua, instituciones y áreas naturales protegidas.
Según Benedetti, el proyecto “no solo responde a demandas sociales, sino que representa una apuesta estratégica para el futuro del sistema agroalimentario, que debe ser competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible”.
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La iniciativa fija distancias mínimas de resguardo de 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para las aéreas.
Además, establece que toda aplicación deberá realizarse con equipos registrados, bajo condiciones meteorológicas adecuadas y con prescripción de un profesional matriculado, asegurando trazabilidad y responsabilidad técnica.
Ferraro destacó que el texto “se alinea con el mandato constitucional de preservar el ambiente y con los compromisos internacionales del país en materia de desarrollo sostenible”.
A su vez, remarcó que la propuesta brinda “un marco transparente, federal y previsible para el uso responsable de los fitosanitarios”.
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El proyecto establece que únicamente podrán utilizarse productos autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), según sus marbetes y hojas de seguridad, y que todas las aplicaciones deberán respetar las Buenas Prácticas de Aplicación de Productos Fitosanitarios (BPAF).
Con esta propuesta, los legisladores buscan dotar al país de una ley moderna, equilibrada y federal que unifique criterios, profesionalice la actividad y fortalezca la sostenibilidad y la competitividad del sistema agroalimentario nacional.
