Lo que el Gobierno de Javier Milei presentó como un gesto hacia el agro terminó generando fuertes cuestionamientos desde las entidades rurales y la oposición política.
La baja transitoria de los derechos de exportación (DEX) sobre cereales y oleaginosas, que regía por un plazo limitado, permitió al Estado recaudar en tres días US$7000 millones.
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Sin embargo, muchas voces vinculadas a lo agropecuario consideran que para el productor —primer eslabón de la cadena— los beneficios resultaron prácticamente nulos.
Desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) emitieron un comunicado en el que, si bien valoraron la intención del Gobierno de avanzar hacia una eliminación permanente de las retenciones, advirtieron que la medida transitoria “no alcanzó a derramar sobre el productor agropecuario, que es quien más riesgo asume”.
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La entidad sostuvo que la ventana impositiva se tradujo en una oportunidad de negocios para unos pocos, en lugar de fortalecer a quienes generan la producción primaria.
Críticas al impacto real de la medida
En la misma línea, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) en X fue más tajante al afirmar que “con la baja temporaria de los DEX, la diferencia no llegó al campo: se la quedaron los exportadores”. Para la organización, el alivio fiscal fue aprovechado por los grandes jugadores del comercio exterior, mientras que miles de productores recibieron un beneficio mínimo, pese al esfuerzo invertido en cada campaña.
En la Expo Rural de Bell Ville, Córdoba, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, reclamó reglas claras y duraderas para el sector agropecuario y pidió al Gobierno prorrogar la eliminación de retenciones hasta el 31 de octubre. Castagnani señaló que, si bien la medida representó un alivio inicial, “están distorsionando el mercado y generando incertidumbre para el productor”. Y resaltó la necesidad de proteger el fruto del trabajo de los productores frente a maniobras especulativas.
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Por su parte, en la red social X desde el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) destacaron el récord histórico de ventas generado por el régimen especial del Decreto 682, que movilizó aproximadamente once millones de toneladas de granos, equivalentes a más de US$3500 millones.
Según informaron, las empresas agroexportadoras trabajan para cumplir con los procesos de liquidación ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), asegurando la entrega de divisas y el cumplimiento de contratos de exportación, consolidando así la dinámica del mercado de granos en un contexto de alta actividad.
En el 111° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina (FAA), los delegados manifestaron su rechazo unánime a las políticas de retenciones recientes, que consideraron favorecieron a “algunos pocos amigos” en detrimento de miles de productores pequeños y medianos.
Los representantes federados enfatizaron la necesidad de políticas públicas que protejan a los chacareros y garanticen la continuidad de su modo de vida, advirtiendo que, si se deja solo al mercado, muchos actores medianos desaparecerán y se concentrará la producción en pocos jugadores grandes.
“Negocio redondo”
A estas críticas se sumó la voz del exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, quien en declaraciones a LT9 (Santa Fe) describió la medida como un “negocio redondo” para las exportadoras. “El productor no vio un peso”, sentenció.
Según el dirigente radical, lo que sucedió fue previsible: las compañías exportadoras, que manejan márgenes de rentabilidad superiores al 200% anual en dólares, aprovecharon la baja impositiva sin trasladar la mejora al mercado interno.
Buryaile comparó el esquema con los programas conocidos como “dólar soja”, implementados durante la gestión de Sergio Massa en Economía, que también fueron cuestionados por favorecer más a los exportadores que a los productores.
“Es como poner a los lobos a cuidar las ovejas”, graficó, al remarcar la falta de un mecanismo de control que garantice que las ventajas impositivas lleguen efectivamente al campo.
El debate sobre las retenciones no se limita al frente interno. Buryaile mencionó además la influencia de Estados Unidos en la política económica argentina, recordando un reciente posteo en la red X de Scott Benson, secretario del Tesoro norteamericano, en el que pidió al país que eliminara las “vacaciones impositivas”. Para el exministro, este tipo de presiones evidencia cómo la geopolítica de los alimentos condiciona las decisiones locales, en un contexto de disputa global por los mercados de soja entre China y Estados Unidos.
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En este marco, la oposición y las entidades rurales insistieron en que el camino debe ser la eliminación definitiva de las retenciones, transformándola en una política de Estado que brinde previsibilidad.
El contraste entre los anuncios oficiales y los resultados en el terreno es hoy el principal eje de la discusión, que se definirá en los próximos 90 días según sean los precios que paguen los exportadores por los granos que necesitan para efectivizar la operaciones declaradas.
