La Justicia citó a declaración indagatoria a 26 ex directivos de la cerealera Vicentin y ex funcionarios del Banco Nación de Argentina (BNA), entre ellos Javier González Fraga quien presidió la entidad financiera, por un fraude de U$S260 millones al Estado.
El supuesto hecho delictivo ocurrió entre agosto y diciembre de 2019, sobre el final del gobierno de Mauricio Macri, con unos préstamos que fueron entregados a la cerealera.
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La decisión fue tomada por el juez federal Julián Ercolini, por solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, a partir de una investigación que ya lleva 5 años.
La medida también incluye una inhibición general de bienes de los acusados y una prohibición de salir de la Argentina.
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El propósito de la investigación es recuperar un perjuicio patrimonial estimado en casi US$300 millones al Estado, dado que la fiscalía habría probado que unos U$S16 millones terminaron en paraísos fiscales y en cuentas de la cerealera Vicentin, que actualmente se encuentra en convocatoria de acreedores y acumula una deuda de unos U$S1500 millones.
Según trascendió, Daniel Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vice), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan (directores) de Vicentin, y Javier Antonio González Fraga (presidente), Lucas Llach (vice) y Carlos Alberto Castellani de BNA se encuentran entre los citados a la declaración indagatoria.
Los directores Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseniuk y Agustín Pesce; el gerente general Juan José Fragati y los subgerentes Martín Enrique González, Susana Graciela Ojeda y Maricel Leonor Moschini; los gerentes zonales José Luis Testa, Luis María Celestino Restelli, Darío Marcelo Giacossa, Néstor Ariel Bled y Alexis Diosnel Tortul, y el síndico Alejandro Fabián Díaz, también fueron citados por parte del BNA.
Interés por Vicentin
Por otro lado, tal como lo informó TN, cabe recordar que el grupo Grassi formalizó ante la Justicia una oferta de fasón para procesar hasta 320.000 toneladas de soja mensuales y garantizar la actividad para pagar los salarios de la cerealera, que atraviesa por una grave crisis financiera.
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Según consta en el expediente, la oferta contempla una tarifa referencial de US$18 por tonelada procesada, sujeta a eventuales ajustes según la eficiencia y los servicios alcanzados.
El acuerdo tendría vigencia hasta el 30 de noviembre de 2025, con una duración operativa de 6 meses desde la firma del contrto.
