El Gobierno nacional restituyó la vigencia de varias normativas que regían la vida institucional del INTA y de otros organismos públicos, que habían sido modificadas por decretos presidenciales. La marcha atrás se efectivizó, a través de los decretos 627 y 628 firmados por el Presidente y su Gabinete.
La decisión se tomó luego de que la Cámara de Diputados y el Senado rechazaran a fines de agosto cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsados por el Poder Ejecutivo del Estado nacional, que habían generado controversia por su alcance y objetivos.
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En los textos ahora restablecidos, el Ejecutivo aclaró que “el rechazo por el Congreso implica su derogación, pero no restablece automáticamente las normas derogadas o modificadas por ellos”, situación que podría haber generado un vacío normativo.
Ante esta eventualidad, el Gobierno decidió devolver la vigencia a las disposiciones que habían quedado sin efecto para garantizar seguridad jurídica y continuidad administrativa.
Políticas públicas para el agro
Entre los decretos originales se incluían medidas de amplia repercusión institucional, como la reorganización de Vialidad Nacional, cambios en la integración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como la disolución de ciertos institutos culturales y científicos que habían sido considerados “ineficientes” por el Ejecutivo.
La Casa Rosada sostuvo que el rechazo legislativo había colocado a la Administración Pública frente a un escenario de “incertidumbre jurídica que afecta la seguridad y previsibilidad del ordenamiento legal, dificulta la implementación de políticas públicas, limita la actuación y habilita interpretaciones contradictorias o discrecionales”.
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Entre los DNU rechazados se encontraban el 340/25, que establecía un régimen de excepción para la Marina Mercante Nacional; el 345/25, que proponía la fusión de institutos históricos y modificaciones en el Instituto Nacional del Teatro; el 351/25, que transformaba el Banco Nacional de Datos Genéticos; el 461/25, que disponía la reestructuración y cierre parcial de Vialidad Nacional; y el 462/25, que eliminaba la Agencia del Cáñamo y el Cannabis Medicinal.
Con la restitución de estas normas, el Ejecutivo busca evitar interrupciones en el funcionamiento de organismos estratégicos, asegurar la implementación de políticas públicas en curso y brindar previsibilidad a las áreas afectadas por la anterior derogación.
La medida también refleja la intención del Gobierno de mantener el control sobre la reorganización de entidades clave, mientras se preserva la operatividad de servicios e instituciones que impactan en distintas áreas del sector público.
