La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) intensificará sus medidas de protesta contra el decreto presidencial que modifica el funcionamiento del organismo.
El gremio, que forma parte de la estructura de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), considera que el cambio propuesto representa un desmantelamiento del INTA y una amenaza para su rol histórico en el desarrollo rural.
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Entre las acciones anunciadas se incluyen tomas simbólicas de edificios institucionales y la presentación de recursos judiciales para detener la implementación de la reforma.
“Vamos a trazar bien la estrategia de presentar amparos y cuántos”, anticipó Mario Romero, secretario general del sindicato, en declaraciones a una radio porteña. A su vez, buscarán respaldo político a nivel federal para que el Congreso rechace la iniciativa.
Denuncian que el decreto recorta autonomía y vacía la estructura del organismo
El decreto transforma el consejo directivo actual en un órgano técnico sin poder de decisión. Además, trasladó el manejo financiero a la órbita de la Secretaría de Agricultura y el ministerio de Economía, eliminando la autarquía que hasta ahora permitía cierta independencia operativa. La conducción del instituto quedó a cargo de Nicolás Bronzovich, quien ahora tiene rango de secretario de Estado.
También se recortó la participación de universidades públicas y del sector privado —entre ellos el movimiento CREA— en la gestión del organismo. Las futuras estaciones experimentales deberán contar con aval ministerial, algo que hasta el momento no era necesario.
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“Esto que hicieron es la destrucción del INTA”, sentenció Romero. En su visión, se busca “un organismo pequeño, sin capacidad territorial, orientado a comprar soluciones externas en lugar de generarlas”.
Y agregó que se perderán 300 unidades de extensión, además de declararse prescindibles a unos 1500 empleados.
Para el gremialista, el enfoque del decreto “es centralista” y responde a los intereses de la región núcleo, dejando de lado la diversidad productiva del país. “Es un modelo que no contempla a las economías regionales”, afirmó.
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En paralelo, cuestionó la pasividad de las principales entidades agropecuarias, agrupadas en la Comisión de Enlace, ante lo que calificó como una reforma regresiva. “No están actuando como lo hicieron frente a otras medidas, como el aumento de retenciones”, dijo.
Desde el Ejecutivo defendieron la reforma asegurando que el INTA “supera los 6000 empleados y tiene un presupuesto de $229.000 millones”, lo que justificaría su reorganización. También señalaron desvíos ideológicos y baja eficiencia como fundamentos de la medida.
