El gobierno de Javier Milei definió cambios, por medio del Decreto N° 462/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, en 7 organismos que calificó como “ineficientes”.
Entre ellos, 5 vinculados al agro, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), perdieron su autarquía, y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), que fueron disueltos.
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Los otros dos entes modificados, por fuera del sector agropecuario, fueron el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Estas modificaciones se dan en el marco del fin de las facultades extraordinarias delegadas al Gobierno nacional mediante la Ley Bases, cuya vigencia termina este martes 8.
En el caso del INTA, se lo transforma en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, para enfocarse en la innovación y la transferencia tecnológica y “dejar de sostener con recursos presupuestarios un organismo sobredimensionado y orientado al extensionismo, la agricultura familiar y la agroecología”.
Según informaron desde el Gobierno, la dotación del INTA supera los 6000 agentes y tiene un presupuesto anual aproximado de $229.000 millones.
“El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”, fundamentaron desde el oficialismo por medio de un comunicado que generó polémica.
En ese sentido, también indicaron que se detectaron “altos niveles de ineficiencia” y consideraron que hubo una “mala administración” de los recursos públicos. “Hacen necesario repensar sus funciones y su organización para adecuarlas a los nuevos desafíos tanto nacionales como internacionales”, indicaron.
Según el Gobierno, el carácter descentralizado del INTA no se tradujo en una mayor eficacia institucional, sino que ha derivado en “dificultades de supervisión estratégica, dispersión operativa y una débil alineación con los lineamientos de la política agropecuaria nacional”.
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“El nuevo rol del INTA será el foco en la investigación, la creación de tecnologías y bienes públicos tecnológicos para profundizar la base científica dirigida a la producción agropecuaria y contribuir a la formación de nuevos productores agropecuarios altamente capacitados, interconectados a través de redes privadas”, aseguraron.
En el caso del INV, se lo transformó en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, la cual mantendrá la denominación de “Instituto” con el objetivo de garantizar la continuidad de la certificación vitivinícola en el ámbito del comercio exterior.
Según detallaron, actualmente cuenta con una dotación de 459 agentes y con un presupuesto anual superior a $12.120 millones.
Sobre los cambios en el organismo, desde el Gobierno aseveraron que son necesarios porque ha desplegado “una excesiva actividad fiscalizadora en la cadena productiva, ejerciendo controles redundantes e innecesarios que generan sobrecostos, burocracia y distorsiones que afectan la competitividad de la industria, en especial de los pequeños productores”.
No obstante, aclararon que se mantiene el proceso de certificación internacional valorado en los mercados de destino. El mismo será voluntario a pedido del productor.
En el caso de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), fue disuelta y transformada en una Dirección Nacional de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión se tomó para simplificar y redimensionar la estructura del Estado nacional y “eliminar organismos que no han demostrado una contribución efectiva para los objetivos que fueron creados”.
En tanto, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue disuelto, quedando en cabeza de la Secretaría de Agricultura sus funciones previstas por la ley 27118.
A su vez, el INASE fue disuelto como organismo descentralizado, con la transferencia de la totalidad de sus competencias esenciales a la órbita de la Secretaría de Agricultura.
El organismo cuenta con una dotación de personal de 233 agentes, y el presupuesto anual aproximado asignado supera los $20.000 millones.
