La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) presentó su tradicional índice trimestral y el resultado no dejó lugar a dudas: el 63,6% de la renta agrícola nacional queda en manos del Estado, a través de impuestos de distinto tipo.
El dato, correspondiente a junio 2025, marca un incremento respecto de la medición de marzo y refleja la creciente presión fiscal sobre el productor agropecuario, en un contexto de caída de precios y suba de algunos costos claves.
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“Para producir es necesario pagar diferentes costos: las semillas, los fertilizantes, los salarios, fletes, seguros, etc. Una vez que se cosecha y se vende el cultivo, el dinero que queda después de pagar esos costos se reparte en tres: una parte es para quienes alquilan la tierra, otra para la ganancia del productor y el resto, que es la mayor porción, va al Estado en forma de impuestos”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefe de FADA.
De ese reparto, el fisco se lleva el 63,6%, mientras el alquiler de la tierra representa un 26,6% y la ganancia apenas un 9,8%.
El impacto de la baja de precios internacionales
El Índice FADA, que se publica hace 18 años, intenta poner en números cuánto pesa el sistema impositivo sobre la producción agropecuaria.
El último informe mostró que, pese a la continuidad de la reducción temporal de Derechos de Exportación (DEX) para el trigo, el impacto de la baja de precios internacionales dejó al sector con menores ingresos y, por lo tanto, con una mayor proporción de su renta absorbida por impuestos.
“La caída de precios fue tal que el peso del Estado sobre la renta aumentó, porque los tributos no bajan aunque el productor reciba menos por lo que vende”, señaló Antonella Semadeni, economista de FADA.
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El trigo es un caso paradigmático en esta campaña. Los precios de junio están un 20% por debajo del promedio de los últimos cinco años y un 28% más bajos que hace un año.
Con el precio local en torno a los US$ 200 por tonelada, lejos de los US$ 220 que según FADA serían necesarios para mejorar los resultados, la situación es compleja.
El índice para el trigo trepó al 78,2%, lo que implica que casi ocho de cada diez pesos de renta se los lleva el Estado.
La carga impositiva varía según el cultivo
En soja, el Estado se queda con el 65,9% de la renta; en girasol, con el 63,2%; y en maíz, con el 53,4%. Además, hay diferencias marcadas según la provincia. Entre Ríos encabeza el ranking con un índice del 69,1%, mientras que Santa Fe registra el menor, con un 58,6%.
Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis se ubican en valores intermedios, aunque en todos los casos el peso de los tributos es mayoritario respecto de la renta.
El informe detalló que el 63,8% de los impuestos que paga una hectárea agrícola son nacionales y no coparticipables, es decir, que no regresan a las provincias productoras. El 28,4% son nacionales coparticipables, el 6,8% corresponde a tributos provinciales y apenas el 1% a tasas municipales. Esta estructura generó reclamos de los productores, que ven cómo gran parte de lo que aportan no vuelve en obras o servicios en las zonas rurales.
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“Cada provincia enfrenta realidades distintas en cuanto a rindes, estructura de costos e impuestos locales, y eso explica las diferencias”, afirmó Pisani Claro. Por ejemplo, Córdoba y Santa Fe eximen la actividad agropecuaria de Ingresos Brutos, mientras que Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa sí lo aplican, lo que eleva la carga en esos distritos.
Desde FADA sostienen que el peso fiscal sobre el agro no solo limita las ganancias del productor, sino que también condiciona la inversión, la adopción de tecnología y el crecimiento de la actividad.
El índice de junio reflejó un desafío de fondo: cómo equilibrar las necesidades fiscales del Estado con un esquema que permita al campo seguir siendo motor de la economía sin asfixiarlo.
