El juez de la Cámara Penal de Rosario, Gustavo Salvador, dispuso la excarcelación de 4 exdirectores de Vicentin SAIC que permanecían presos desde marzo pasado.
Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti podrán así aguardar el juicio oral y público, aún sin fecha definida, en libertad pero bajo ciertas condiciones estrictas.
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Cada uno de ellos deberá garantizar una fianza de US$ 1 millón y cumplir con restricciones, entre las que se destacan la prohibición de salir del país.
La decisión busca equilibrar la presunción de inocencia con la necesidad de asegurar la presencia de los acusados durante el proceso judicial.
La causa judicial
Los exdirectores enfrentan graves cargos: son señalados como presuntos jefes de una asociación ilícita dedicada a vaciar Vicentin a través de una administración fraudulenta.
Según la Fiscalía, la maniobra ocasionó estafas millonarias a acreedores privados y empresas, con un perjuicio que supera los US$1500 millones desde 2019, fecha en que la empresa dejó de honrar sus compromisos.
La investigación está a cargo de los fiscales Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y María Teresa Granato, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Santa Fe. Ahora deberán decidir si apelan la excarcelación o si se concentran en avanzar hacia el juicio para probar las acusaciones.
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La causa penal que investiga el vaciamiento de Vicentin SAIC involucra a 19 imputados, entre ellos a cuatro exdirectores considerados por la fiscalía como los jefes de una asociación ilícita con fines empresariales.
Según los acusadores, Buyatti, Macua, Gazze y Scarel lideraron una estructura organizada que desde 2017 utilizó la apariencia legal del grupo económico para cometer una serie de delitos económicos de gran escala.
La investigación sostiene que operaron con una planificación deliberada para falsear balances, ocultar pasivos y mantener una imagen de solvencia financiera. Esto les permitió seguir captando granos, acceder a créditos bancarios y ofrecer sobreprecios imposibles de igualar, a costa de una creciente deuda que ya en 2019 superaba los US$1500 millones.
La maniobra habría incluido la administración infiel del capital y la manipulación de decisiones en empresas vinculadas como Renova, Playa Puerto y Algodonera Avellaneda.
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Para los fiscales, se trató de un vaciamiento planificado con objetivos claros: consolidar los beneficios ilegítimos, evadir responsabilidades penales y conservar el control del grupo.
La causa, que combinaría estafas, falsedad documental y administración fraudulenta, revela cómo se superpusieron operaciones legales con actividades delictivas, lo que permitió al grupo actuar impunemente durante años. Ahora, con cuatro de los principales acusados en libertad bajo fianza, la atención se centra en el juicio que deberá determinar las responsabilidades.
