La Comisión Europea (CE) publicó la esperada clasificación de países proveedores de productos agropecuarios en el marco del Reglamento sobre productos libres de deforestación (EUDR).
Argentina fue ubicada en la categoría de “riesgo estándar”, lo que implica mayores exigencias burocráticas y controles adicionales para acceder al mercado europeo.
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El resultado fue recibido con preocupación por parte del sector exportador.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) consideraron que la medida carece de fundamentos sólidos y podría afectar la competitividad y reputación del país.
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Cuestionaron con firmeza la decisión de la Comisión Europea de ubicar al país en la categoría de “riesgo estándar” en materia de deforestación. “Consideramos que esta evaluación es injustificada”, expresaron a través de su cuenta oficial en X, tras la publicación oficial del listado en Bruselas.

Argentina busca ser reconocida como país de “riesgo bajo”
La entidad también subrayó que “estudios recientes demuestran que el riesgo de deforestación en nuestro país es despreciable” y que el Gobierno nacional presentó toda la documentación técnica respaldatoria ante la Comisión Europea.
Además, CIARA aseguró que continuará trabajando “arduamente con todos los eslabones de la cadena de valor de la soja” para que la Argentina alcance el estatus de país de “riesgo bajo”.
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Mientras tanto, Uruguay logró ser reconocido como país de “riesgo bajo”, lo que le permitirá comercializar con menos restricciones. El reglamento EUDR, aprobado por la Unión Europea, apunta a evitar que productos agrícolas como soja, carne o madera provengan de zonas recientemente deforestadas o sin prácticas sostenibles.
La Argentina aún deberá continuar negociando y aportando evidencia técnica para alcanzar esa categoría en futuras revisiones.

El reglamento europeo apunta a frenar el ingreso al continente de materias primas vinculadas a la degradación ambiental. Afecta de manera directa a productos clave para la Argentina como soja, carne vacuna, aceite, madera, café y cacao, que deberán contar con trazabilidad completa y documentación que acredite su origen sustentable.
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La clasificación de “riesgo estándar” asignada al país obliga a cumplir mayores exigencias administrativas en comparación con los países considerados de “riesgo bajo”.
Esto complica las exportaciones al mercado europeo, encarece procesos y puede afectar la competitividad de sectores agroindustriales estratégicos.