Los allanamientos y detenciones de directivos de Vicentin, ordenados en el marco de una investigación judicial generaron conmoción en Santa Fe, a 5 años del inicio de la convocatoria de acreedores de la agroexportadora, que aún se tramita en la Justicia santafesina pero que pronto podría pasar a evaluación de la Corte Suprema de Justicia, según el Recurso Extraordinario Federal que presentó la empresa y que el fiscal de Cámara de Apelación, Miguel Angel Molinari consideró admisible.
Al día siguiente de ello, la Fiscalía a cargo del fiscal Sebastián Narvaja allanó 20 domicilios de personal jerárquico de la agroexportadora Vicentin, incluyendo la residencia de su presidente, su vicepresidente y altos gerentes, Omar Scarell, Daniel Buyatti, Roberto Gazze y Alberto Macua, quienes fueron detenidos entre este viernes y este sábado.
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Desde el directorio de la empresa sostuvieron que “los hechos que investiga la Fiscalía son anteriores a la presentación en concurso de la sociedad (más de 5 años)” y que, según trascendidos, la investigación ahora “se habría ampliado a la administración actual, en particular al período comprendido entre agosto de 2024 y la actualidad, con base a la pérdida de caja que ha sufrido la sociedad”.
El directorio enfatizó que “las afirmaciones irresponsables e infundadas de ciertos actores respecto a supuestas razones confusas en esa pérdida han sido rechazadas reiteradamente” y que en la audiencia del 7 de marzo “se ratificó categóricamente” la posición de la sociedad ante el juez Fabián Lorenzini.
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Además, recordaron que el informe de la Sindicatura presentado el 20 de marzo respalda esta postura.
“El directorio se compromete a colaborar sin restricciones”
En cuanto a la investigación judicial, la empresa aseguró que “se compromete a colaborar sin restricciones, con la misma transparencia que lo viene haciendo desde la apertura del concurso preventivo”.
Sin embargo, cuestionaron que “el Colegio de Jueces de Rosario es claramente incompetente para investigar estas cuestiones”.
“Se deja constancia del mantenimiento permanente de la administración por la Sindicatura plural, y recientemente por la Veeduría designada”, señalaron.
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El momento en el que se produjeron las medidas judiciales también generó suspicacias en la compañía: “No deja de asombrar que estos allanamientos y detenciones fueron ordenadas en el momento de máxima tensión para la sociedad, cuando intenta procurar los fazones que permitan reunir los fondos para terminar de pagar los salarios atrasados”.
Pese a la situación, el Directorio reafirmó su compromiso con los trabajadores y la continuidad de la empresa: “Continuaremos trabajando para garantizar el sostenimiento de la actividad productiva y los puestos de trabajo hasta alcanzar la confirmación del citado acuerdo”.
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Asimismo, reclamaron que “se resuelva de manera inmediata la detención de los altos gerentes de la empresa, cuya colaboración es imprescindible para el normal giro que logramos restablecer tan solo hace dos días”.
