La Gendarmería Nacional llevó adelante este viernes una serie de allanamientos en el marco de la causa Vicentin.
Los procedimientos, ordenados por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, se realizaron en diversas localidades de Santa Fe, como Rosario, Funes, Reconquista y Avellaneda, además de operativos en Adrogué y la ciudad de Buenos Aires (CABA).
Leé también: Se agrava la crisis en Vicentin y advierten que peligran más de 1000 puestos de trabajo
Según la investigación, los exdirectivos de Vicentin habrían vaciado la empresa mientras la endeudaban por US$1500 millones, llevándola a la cesación de pagos y a un estado crítico de “patrimonio neto negativo”.
La crisis desembocó en un concurso de acreedores que ya lleva más de cinco años sin resolución, sumido en un complejo entramado de litigios.
Los allanamientos en Reconquista y Avellaneda
En Reconquista, los operativos se realizaron en domicilios ubicados en calle Mitre al 868 y calle Olessio, frente al Concejo Municipal. En Avellaneda, los allanamientos alcanzaron propiedades en calle 13 al 1270, calle 13 al 1156, calle 13 al 1065, calle San Martín al 695, calle 9 al 500—frente a la plaza 9 de Julio—y calle 7 al 833, entre otros.
La Fiscalía buscaba documentación y elementos que permitan fortalecer la acusación sobre el desvío de fondos y la presunta maniobra fraudulenta que derivó en el colapso de la agroexportadora.
Leé también: En medio de la guerra comercial, ven un “horizonte prometedor” para Sudamérica en el mercado de la carne
La investigación, iniciada en 2020, apunta a los exdirectivos de la agroexportadora por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta. La Fiscalía sostiene que el default declarado en 2019 no fue consecuencia de una crisis repentina, sino el resultado de un proceso de endeudamiento ocultado a los bancos y empresas agropecuarias.
La maniobra, afirman, habría sido ejecutada mediante la modalidad de venta de granos “a fijar precio”, permitiendo recibir mercadería sin pagarla de inmediato.
Tras más de tres años de investigación y múltiples audiencias imputativas, el caso ya cuenta con un requerimiento de elevación a juicio, en el que se buscará determinar la responsabilidad de los exdirectivos en la caída de la empresa.
Leé también: El Gobierno postergó por 90 días el ingreso de carne con hueso a la Patagonia por pedido de los gobernadores
La Fiscalía sostiene que los exdirectivos de Vicentin manipularon la información financiera de la empresa para ocultar su crítica situación económica y continuar obteniendo financiamiento.
Según la acusación, los balances anuales de 2017 y 2018 fueron confeccionados con datos falsos, al igual que los informes presentados ante cinco bancos internacionales entre 2017 y 2019. Con estos documentos, la compañía aparentaba una solidez patrimonial inexistente, lo que le permitió acceder a líneas de crédito por más de US$500 millones, incluso cuando su crisis interna se profundizaba.
Leé también: China se corre del lugar de principal comprador de cereales y genera incertidumbre en el mercado
El colapso se hizo inevitable cuando la agroexportadora dejó de cumplir con sus compromisos y se presentó en concurso de acreedores. La investigación apunta a que, mientras la firma tomaba recursos de bancos y proveedores, los fondos se diluían dentro de un complejo entramado de sociedades vinculadas.
Según el Ministerio Público de la Acusación, este mecanismo incluyó simulaciones contables y un manejo desordenado del flujo financiero, que habría sido clave en la presunta estafa que llevó a la empresa a la insolvencia.
