La crisis de la cerealera Vicentin se agravó y están en peligro más de 1000 puestos laborales. Si bien la firma santafesina se encuentra en concurso de acreedores desde hace 5 años, hasta el momento ha conservado a la gran parte de su personal.
Sin embargo, se presenta ahora un panorama incierto para las relaciones logístico-comerciales que mantuvieron con vida a la operatoria de la empresa.
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Este escenario se precipitó a causa de la no homologación del plan de pagos presentado por la empresa en 2022, y la habilitación al cramdown (salvataje) que el pasado 18 de febrero dictaminó la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Los inconvenientes judiciales, que le impiden salir a la empresa de la cesación de pagos, se reflejaron en postergaciones en el pago de los sueldos de febrero. Al momento, los trabajadores recibieron solo la mitad de sus sueldos, algo que no había ocurrido desde el comienzo del default.
La agroexportadora informó este miércoles que recaudó los fondos para depositar un 25% del sueldo neto y las cuotas por alimentos.
Sobre eso, agregó que “de acuerdo a las previsibilidades recibidas, el miércoles 26 estaremos en condiciones de depositar el 25% restante, para cancelar los haberes totales correspondientes a febrero de 2025″.
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Asimismo, la compañía ratificó el “compromiso de normalizar la situación lo antes posible. Necesitamos trabajar para poder cumplir con nuestras obligaciones. Por tanto, es esencial que las actividades se normalicen lo antes posible, de lo contrario estaremos atentando contra la posibilidad de regularizar el giro de la sociedad”.
La Ley de Concursos y Quiebras exige el respaldo de la mitad más uno de los casi 1700 acreedores que verificaron créditos para pedir la homologación de la propuesta de pago y los dos tercios del capital adeudado, que en este caso involucran unos US$1500 millones. En ese sentido, la empresa obtuvo avales con la doble mayoría exigida: 62,93% de los acreedores y 71,73% de la deuda verificada.
Sin embargo, este martes 11, Fabián Lorenzini, magistrado de primera instancia a cargo del concurso, dispuso la intervención de la agroexportadora por 120 días “prorrogables por el tiempo que se necesite”, y designó como veedores a Guillermo Nudenmberg y a Andrés Schocron, los mismos que estuvieron al frente de la intervención que rigió hasta agosto de 2024.
Ante este clima de incertidumbre, el sindicato aceitero protestó frente al ingreso de la planta que Vicentin tiene en Ricardone, en el Gran Rosario.
Los sindicalistas señalaron, ante el magistrado, que la situación financiera de la empresa no se debe tanto a la indefinición de su concurso, sino al “gerenciamiento poco eficiente y poco transparente en el manejo de los fondos”.
Luego de eso, Vicentin salió al cruce. Estanislao Bougain, director independiente de la compañía concursada, enfatizó que “es crucial diferenciar entre los contratos definitivos para la operatoria futura y los contratos a fasón que mantuvieron la actividad durante 5 años”.
Bougain expuso que “ninguna de las plantas está operativa, ya que no se consigue cerrar contratos de fasón. Entonces, de modo inédito, la empresa está sometida a un riesgo enorme de paralización definitiva de actividades, porque nadie sabe qué va a pasar judicialmente”.
Así las cosas, el compromiso de los “interesados estratégicos”, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)-Bunge-Viterra, que se harían cargo del 95% de las acciones de Vicentin, con un aporte de capital de US$ 590 millones (en 12 años) en caso de que se habilite el plan de pago, sigue en pie desde hace dos años y medio, ha sido renovado por cuarta vez y tiene vigencia hasta octubre próximo.
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Pero distinto es el compromiso sobre los contratos a fasón. “No conseguimos clientes, sólo recibimos algo de granos de parte de ACA, pero Bunge-Viterra tienen otras plantas de molienda disponibles y, ante la incertidumbre de que puedan ser o no los continuadores de la empresa, prefieren no comprometerse a sostener lo que eventualmente luego otros competidores podrían utilizar”, afirmó Bougain.
En ese sentido, consideró que la dificultad de Vicentin no “es de sostenibilidad para adelante, sino que es hoy, porque no estamos logrando que nos den granos y en esta circunstancia se nos hace tremendamente difícil asegurar la continuación de la empresa”.
Los directivos de Vicentin remitieron una misiva al juez en la que celebraron que la intervención implica que se ha tomado debida consideración del “gravísimo perjuicio que la injustificada dilación en la homologación del acuerdo preventivo que ya lleva cerca de 2 años medio trae aparejada a la empresa, a sus trabajadores y a todas las partes relacionadas a este gran concurso”.
No obstante, lamentaron que “una vez más se pretenda responsabilizar por esa situación a nuestra parte, en base a meras elucubraciones sin sustancia o reproches tan infundados como agraviantes, cuando ha sido precisamente esta administración la que logró, en tiempo récord considerando la dimensión del concurso, negociar y definir una propuesta en base a complejos acuerdos con los Inversores Estratégicos y alcanzar la conformidad de la mayoría de sus acreedores (que se tenían para el 30 de junio de 2022)”.
Remarcaron además que “esta misma administración logró el sostenimiento de la actividad y el puntual cumplimiento de sus obligaciones pese al clima de negocios adverso que la acompaña desde que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomó el expediente por primera vez, en junio de 2022″.
Por ello, Vicentin ya apunta a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la presentación de un recurso extraordinario que está en trámite en la justicia santafesina.
“En caso de que esta no decida enviar el caso a la Corte nacional, Vicentin irá en queja para que esta última intervenga”, concluyó Bougain.
