Vicentin, la agroexportadora que atraviesa una de las crisis financieras más graves de su historia, se encuentra al borde del colapso.
En una audiencia que se extendió durante toda la mañana del viernes, el juez Fabián Lorenzini escuchó a todas las partes involucradas en el conflicto, que va desde sindicatos preocupados por los pagos hasta acreedores impacientes ante la falta de avances.
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Los sindicatos aceiteros, especialmente los de San Lorenzo y la Federación Aceitera, hicieron un reclamo claro: intervenir judicialmente la empresa, que mostró serias dificultades para cumplir con sus obligaciones salariales.
El problema es crítico, ya que la empresa necesita reunir alrededor de $1500 millones para abonar los sueldos de febrero.
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Si no se logra cumplir con este compromiso el lunes 10 de marzo, los gremios amenazan con un paro que no solo paralizaría las plantas de Vicentin, sino que podría extenderse a toda la región del cordón industrial aceitero.
En la audiencia, se debatió la crisis financiera de Vicentin
En la audiencia, Vicentin detalló que parte de los recursos que logró obtener provienen de adelantos por “fazones” de girasol para la primera quincena de marzo, aunque aún queda un largo camino por recorrer.
La firma mencionó que, si bien cuenta con algunos fondos, la situación sigue siendo insostenible a menos que se logre una solución estructural más amplia. De no ser así, la crisis podría repetirse el mes siguiente.
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La empresa, además, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la revocación de la homologación de su acuerdo concursal por parte de la Corte Provincial de Santa Fe. Maximiliano Toricelli, abogado de Vicentin, afirmó que esta apelación suspende temporalmente la decisión de la Corte santafesina.
Sin embargo, este recurso también ralentiza las posibilidades de una resolución rápida del caso, mientras la empresa busca ganar tiempo en medio de un panorama judicial cada vez más complejo.
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El directorio de Vicentin, por su parte, señaló que las demoras judiciales jugaron un papel crucial en el agravamiento de la crisis.
Según su versión, la decisión de la Corte Provincial ahuyentó a los inversionistas estratégicos que inicialmente estaban dispuestos a aportar granos y capital para salvar la empresa.
Sin embargo, el cese de esos envíos de mercadería a fines de febrero, debido al revés judicial, intensificó los problemas de la firma.
El panorama es incierto
Toricelli subrayó la trascendencia del caso Vicentín al señalar que la empresa no solo afecta a sus trabajadores directos, sino que tiene un impacto sobre unos 1500 empleos indirectos.
Según su perspectiva, este vínculo con la comunidad laboral hace que el conflicto sea fundamental para la agroexportación argentina, un sector clave para la economía nacional.
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La situación, que compromete a miles de familias, se convirtió en un tema de alto impacto no solo para los empleados, sino también para el desarrollo del sector.
A medida que el tiempo corre, la presión de los sindicatos y los acreedores se intensifica, mientras Vicentin intenta recuperar el control de una situación que podría llevar a la quiebra.
