El 1° de marzo de 2021 comenzó una de las disputas laborales más conflictivas en el sector lácteo bonaerense.
La planta de Lácteos Mayol, en la localidad de Gobernador Udaondo, Cañuelas, quedó paralizada durante una semana debido a un bloqueo organizado por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).
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Los sindicalistas exigían que 13 trabajadores fueran recategorizados y se incorporaran al gremio, una demanda que llevó a la empresa a desechar alrededor de 45.000 litros de leche durante los días de paro.
A pesar de que el conflicto fue resuelto parcialmente a través de una conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo bonaerense, los efectos del bloqueo quedaron marcados en la historia de la pyme familiar fundada en 1936.
La decisión de la familia Mayol
Paulina Mayol, la cuarta generación al mando de la empresa, no cesó en su lucha por la Justicia y continuó con la demanda judicial contra los responsables del bloqueo.
Recientemente, el juez Martín Miguel Rizzo, a cargo del Juzgado de Garantías N° 8 de Cañuelas, elevó a juicio oral al principal imputado en la causa, Guillermo Arregui, secretario de ATILRA en Cañuelas.
Arregui enfrenta la acusación de coacciones agravadas, un delito que implica amenazas para amedrentar a una persona.
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Si se lo declara culpable, podría enfrentar una pena de prisión de entre seis meses y dos años.
El fallo dejó fuera de la causa a 27 trabajadores-sindicalistas que también habían sido imputados, quienes fueron sobreseídos por el magistrado. Sin embargo, la empresaria Mayol adelantó que apelarán la decisión, buscando que todos los involucrados en el bloqueo enfrenten un juicio.
La pyme de Cañuelas espera que este proceso judicial, casi cuatro años después del inicio del conflicto, marque un precedente en el sector y en la justicia laboral, según señalaron.
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El caso sigue generando repercusiones en el ámbito sindical y empresarial. Mientras ATILRA defiende las acciones de su seccional, argumentando que la protesta fue legítima en defensa de los derechos laborales, desde Lácteos Mayol se resalta el impacto negativo en la productividad y los daños económicos sufridos por la firma.
El juicio que se avecina podría abrir un debate sobre el uso de medidas de fuerza en el ámbito laboral y la protección de las pequeñas y medianas empresas frente a situaciones de bloqueo.
La pyme láctea hoy cuenta con 6 empleados
Desde el conflicto de 2021, Lácteos Mayol enfrentó una crisis profunda que aún no logra superar.
La pyme familiar, que antes contaba con 18 puestos de trabajo, hoy sólo mantiene 6 empleados, mientras que la producción de leche procesada cayó drásticamente, pasando de 25.000 a 3.500 litros.
Fundada en 1936 por Ernesto Mayol, bisabuelo de Paulina, la empresa especializada en dulce de leche y quesos atraviesa un momento complicado, donde las consecuencias económicas del bloqueo sindical siguen afectando su funcionamiento.
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A pesar de su casi 90 años de existencia y de que el 60% de la leche procesada proviene de su propio tambo, la crisis persiste con pocos indicios de recuperación.
Por su parte, desde ATILRA defienden la legalidad de la medida de fuerza que paralizó la planta de Lácteos Mayol, sosteniendo que no hubo coacción ni daños, y argumentan que el derecho de huelga está protegido por la Constitución.
Para el gremio, el paro fue plenamente justificado, y su optimismo se mantiene alto respecto a la resolución judicial.
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“De 28 imputados, 27 fueron sobreseídos y uno fue condenado erróneamente. No hay pruebas contra los trabajadores, y la Fiscalía no halló elementos que puedan implicarlos”, sostienen desde la organización sindical, que adelantaron que apelarán la decisión judicial, confiando en que el resultado final será favorable para los involucrados.
