La disputa judicial en torno al concurso preventivo de Vicentin SAIC sumó un nuevo capítulo tras el dictamen del procurador general de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre.
Barraguirre respaldó la homologación del concurso de Vicentin, desestimó los recursos de Commodities SA, y argumentó que la empresa no participó en el proceso de salvataje.
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El caso llegó a la Corte tras la apelación de Commodities SA, que cuestionó la sentencia de la Cámara, integrada por los jueces Santiago Dalla Fontana, Mauricio Sánchez y Alejandro Román.
El tribunal de segunda instancia había homologado el plan de pagos de Vicentin sobre la deuda de US$1500 millones, con lo cual revocó de hecho el fallo de primera instancia dictado por el juez Fabián Lorenzini que habiltaba el salvataje de terceros (cramdown).
Propuesta de pago de Vicentin: controversia y fundamentos del dictamen
Barraguirre también recordó que la fiscal Alicia Mudrik había sugerido en primera instancia una “tercera vía”, una solución intermedia entre la homologación y el período de concurrencia.
Aunque esta propuesta fue desestimada en etapas previas, el procurador la ponderó como herramienta para realizar ajustes y garantizar mayor equidad en el proceso judicial.
El plan de pagos de Vicentin establece que los acreedores con montos de hasta US$30.000 recibirán el 100% de sus acreencias, mientras que para los montos mayores la quita se incrementa progresivamente, llegando al 15% en un plazo de 12 años y sin intereses.
Esta propuesta beneficia a 816 acreedores con el pago total, mientras que 424 recibirían entre el 40% y el 15% de lo adeudado.
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Este esquema busca priorizar a los acreedores más pequeños y vulnerables, argumentó el procurador Barraguirre en su dictamen.
Commodities SA, una de las principales acreedoras con US$ 40 millones, cuestionó que el plan no respeta el principio de igualdad de trato entre acreedores.
Sin embargo, Barraguirre respaldó los argumentos de la Cámara que homologó el acuerdo, destacando que priorizar a los acreedores de menor monto es razonable dada su mayor vulnerabilidad ante la falta de pago.
Además, señaló que un reparto proporcional apenas representaría un beneficio menor al 3% del crédito para Commodities, lo que no justifica anular el acuerdo concursal.
Límites del Poder Judicial en acuerdos privados
El procurador subrayó la importancia de evitar un Poder Judicial “paternalista” sobre los acuerdos entre privados y recordó que los acreedores tienen la opción de accionar judicialmente contra los administradores responsables del incumplimiento de Vicentin.
Según el artículo 54 de la Ley de Sociedades, esta vía permite buscar reparaciones individuales, pero no forma parte del proceso concursal en cuestión.
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Aunque el dictamen de Barraguirre respaldó el acuerdo homologado por la Cámara, el futuro del plan de pagos aún depende de la decisión de la corte provincial.
Este tribunal deberá evaluar si se vulneraron derechos constitucionales en el proceso, tal como alega Commodities, o si el esquema propuesto por Vicentin cumple con los requisitos legales y equitativos para saldar su deuda ante 1600 acreedores.
