La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley que regula el mercado de carbono, un paso clave hacia la sostenibilidad y el combate al cambio climático.
La iniciativa busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar la deforestación, permitiendo la compra y venta de créditos de carbono entre empresas.
Leé también: Agricultores franceses protestaron en las rutas para frenar el acuerdo comercial con el Mercosur
La medida, que se votó simultáneamente con la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29) en Bakú, establece un marco para que las empresas que logren reducir sus emisiones vendan sus créditos a aquellas que superen los límites establecidos.
Además, permite que los gobiernos estatal y federal vendan créditos por áreas verdes en tierras públicas, ampliando las posibilidades de financiar proyectos ambientales.
La mirada de los legisladores brasileños
El diputado Aliel Machado, quien fue uno de los principales impulsores del proyecto, destacó la importancia de esta ley como un “hito crucial” para Brasil.
En sus palabras, la propuesta simboliza la oportunidad de “unir las dos principales agendas del país en una sola: la económica y la ambiental”.
Machado resaltó que la medida representa un cambio positivo en la política ambiental brasileña, pues no solo se establece un mecanismo financiero para combatir la contaminación, sino que también se fomenta la creación de proyectos para incentivar la reducción de emisiones, como la adquisición de áreas verdes.
Leé también: El jabalí europeo es una plaga en los campos y proponen crear un plan de control por ley
El proyecto aún debe ser sancionado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su entrada en vigor.
Con esta legislación, Brasil da un paso importante en su compromiso con el cambio climático y establece las bases para un sistema de créditos de carbono que podría convertirse en una herramienta clave en la transición hacia una economía más verde y responsable, destacaron.
Además, establece que las comunidades indígenas tendrán derecho a los créditos generados en los territorios, recibiendo hasta un 50% de los créditos en proyectos de eliminación de gases de efecto invernadero y un 70% en proyectos de preservación.
Sin embargo, a pesar de ser una ley claramente ambiental, el sector productivo no se vio gravemente afectado, ya que solo deberán adquirir crédito aquellas actividades, excluida la agricultura, que superen el umbral de emisiones de 10 mil toneladas anuales.
Cada crédito equivale a una tonelada de carbono, generando un mercado que podría ser clave para las políticas de sostenibilidad.
Leé también: Cooperación rural: productores entrerrianos se reunieron con funcionarios y dirigentes de Uruguay
La propuesta se presenta como una victoria para el gobierno del presidente Lula, especialmente porque el mercado de créditos de carbono es uno de los pilares del Plan de Transformación Ecológica del Ministerio de Hacienda.
El peso político del Frente Parlamentario Agropecuario
Sin embargo, también consolidó la influencia del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), que consiguió mantener a la agricultura fuera de los objetivos de emisiones del mercado de carbono.
Este logro fue celebrado por la bancada ruralista, que se mostró satisfecha con la votación favorable del Proyecto de Ley 182/2024, aprobado por 336 votos contra 38.
El FPA destacó que la ley garantiza protecciones y derechos para los productores rurales, cuyos activos ambientales podrán ser utilizados para la creación de créditos de carbono.
Leé también: La mesa de enlace bonaerense rechazó la creación de una nueva tasa portuaria en Necochea
Para el presidente de la FPA, el diputado Pedro Lupión, el mercado de carbono representa una oportunidad para los productores rurales.
“El mercado de carbono debe ser un aliado de la propiedad, generando créditos que puedan venderse a quienes necesiten compensar sus emisiones”, afirmó Lupión.
La ley también contempla la creación de créditos de carbono por parte del poder público en áreas privadas, asegurando que los propietarios de tierras con áreas de conservación puedan obtener beneficios.
Además, los cambios propuestos garantizan que los propietarios puedan salir de los proyectos sin perder sus derechos, permitiéndoles acudir al mercado voluntario si lo desean.
