Lácteos Vidal, la pyme que fue bloqueada en 2022 por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), recibió un nuevo revés de la Justicia.
Dos jueces de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazaron la suspensión de una medida cautelar presentada hace 2 años por no haber reincorporado 26 trabajadores despedidos de su planta de la localidad de Moctezuma, ubicada en el partido bonaerense de Carlos Casares.
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“No corresponde acceder a lo solicitado”, indicó la resolución, que fue firmada por los magistrados Roberto Pompa y Álvaro Balestrini, por lo cual Lácteos Vidal deberá hacer frente al pago de astreintes (multa) por no reincorporar a los empleados por cada día que pasó desde las desvinculaciones.
Desde la pyme láctea van a presentar una Aclaratoria, y, si los jueces siguen sin fundamentar sus decisiones, van a hacer una denuncia en el Consejo de la Magistratura.
“No argumentan la decisión que toman de rechazar el recurso. Insisten con la reincorporación. Quiero que me explique sobre los 10 imputados y el pedido de elevación a juicio que hace el fiscal en las causas penales, no toman en cuenta que los 8 que quedan (de los 26 despedidos) se presentaron al SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) para pedir la indemnización”, señaló Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal.
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“No toman en cuenta la presentación de los trabajadores que se presentaron a declarar y pidieron que los ex trajabadores no sean reincorporados”, agregó.
Hace 15 días, la misma sala IX de la Cámara del Trabajo había revocado una cautelar y había fallado a favor de la reincorporación de los trabajadores despedidos por el bloqueo.
El origen del conflicto
Todo comenzó en septiembre de 2022, tras la decisión de Lácteos Vidal de despedir a 26 trabajadores que estuvieron en el bloqueo a la planta láctea impulsado por ATILRA. El gremio lechero judicializó los despidos que cayó en el Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo Número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet.
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Tras varias idas y vueltas, y cambio de salas, el último fallo, que había sido en junio de este año, había suspendido la cautelar y había dejado sin efecto la reincorporación de los despedidos y el pago de astreintes.
“Le cortaron la medicación oncológica a una empleada que entró de prepo a trabajar, apedrearon casas, corrieron gente por el campo en camionetas con la patente tapada. Y pretende que los reincorpore? O me quieren extorsionar otra vez?”, apuntó la empresaria contra los jueces.
